Vivimos un momento histórico en el que, como sociedad, tenemos que repensar la democracia más allá de las elecciones. Establecer cauces de participación, de control efectivo de los recursos comunes por parte de la ciudadanía, será una de las cuestiones más prioritarias en el proceso de empoderamiento cívico y vecinal.
En ese sentido, la privatización de los servicios públicos como el abastecimiento de agua, la recogía de basuras o el transporte urbano a través de concesiones a empresas que financian campañas de partidos, se ha demostrado durante dos largas décadas como un coladero de corrupción, clientelismo y endeudamiento para las administraciones del Estado.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/14/actualidad/1418574154_504823.html
A estas alturas, es evidente que el argumento de la mayor eficacia de la gestión privada es una de las mayores falacias impuestas desde las élites políticas y económicas a la población, que ha soportado el encarecimiento de estos servicios. Por no hablar de la precarización que han padecido las plantillas de esas empresas, mientras los accionistas multiplicaban sus beneficios de forma exponencial.
Un ejemplo. En Salamanca, el abastecimiento de agua se privatizó en 1996, cuando no generaba déficit a las arcas públicas, al contrario, aunque adolecía de algunas deficiencias que era preciso corregir. Casi veinte años después, la gestión de este recurso por parte de FCC primero y Aqualia después ha generado un encarecimiento sustancial y no ha mejorado la eficiencia.
Ante esta situación ¿qué podemos hacer?
Lo primero es contar con un diagnóstico preciso y pormenorizado de todos los servicios que han pasado a la gestión privada. Una auditoría externa establecerá si las empresas concesionarias han mejorado su prestación o si sólo se han enriquecido a costa de los contribuyentes. Los resultados de ese estudio, junto a la opinión de la ciudadanía, delimitarán las medidas a tomar: renegociación de los servicios o recuperación por parte de una empresa pública.
Si optamos por la primera opción, será necesario redefinir los criterios de la contratación administrativa, de forma que se fomente la concurrencia de fórmulas de economía social que favorezcan el empleo local y tengan en cuenta criterios ambientales, de sostenibilidad y accesibilidad universal.
Las empresas que presenten sus propuestas, deberán hacerlo en una Feria de la Contratación Pública, donde tendrán que anunciarse con total transparencia y debatir sus propuestas ante la gente.
En caso de que la vía elegida apueste por la recuperación de los servicios, las empresas públicas que se creen contarán con mecanismos de participación social y control vecinal para que su funcionamiento no reproduzca errores del pasado.
¿Por dónde empezamos? El agua es un bien público y escaso. Para recuperar su gestión pública, es necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto del Agua, abierto a la participación, en el que se definan las reglas básicas del modelo público.
Muchas ciudades en todo el mundo ya han iniciado este camino, con resultados muy satisfactorios…
https://www.youtube.com/watch?v=S-pi8Gckpx4
En España, cada vez más voces señalan que la remunicipalización es una vía realista y efectiva para avanzar en la profundización de la gestión democrática de los Ayuntamientos. Lo afirman y lo demuestran con hechos…
La remunicipalización (o recuperación) es un fenómeno en alza, que en Alemania se está implantando también en el sector energético. 170 municipios han creado o están creando empresas públicas que garantizan el acceso universal a recursos tan básicos como la luz o la calefacción.
Lo importante es iniciar el camino. No será fácil, pero el esfuerzo merecerá la pena.
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