Una vez se han agotado las vías políticas y administrativas, el único modo que los grupos de la oposición tenemos para la resolución de conflictos y la defensa de los derechos es acudir al sistema judicial.

Las cuestiones más frecuentes que se suelen suscitar son la denegación de documentación para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política y la impugnación de decisiones del gobierno contrarias al ordenamiento jurídico.

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