Una vez se han agotado las vías políticas y administrativas, el único modo que los grupos de la oposición tenemos para la resolución de conflictos y la defensa de los derechos es acudir al sistema judicial.

Las cuestiones más frecuentes que se suelen suscitar son la denegación de documentación para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política y la impugnación de decisiones del gobierno contrarias al ordenamiento jurídico.

INDICE

1. Denegación acceso aplicación intranet de contabilidad provincial
2. Impugnación convocatoria pleno presupuestos 2016

#. DOCUMENTACIÓN

1. DENEGACIÓN DE ACCESO A LA APLICACIÓN DE CONTABILIDAD PROVINCIAL

Procedimiento cerrado

El acceso a la información contable es una herramienta de participación política fundamental para el mejor seguimiento de las políticas y la actividad de la administración y el equipo de gobierno, por lo que nuestro grupo solicitó acceso a través de la intranet, a la aplicación informática de contabilidad.

El gobierno provincial denegó el acceso desde el primer momento, alegando existencia de datos personales protegidos y dificultades técnicas.

El juzgado de lo contencioso estimó nuestras pretensiones, otorgando el acceso a la aplicación en modo consulta.

2. IMPUGNACIÓN DE LA CONVOCATORIA DEL PLENO DE PRESUPUESTOS DE 2016

Procedimiento abierto

La convocatoria del pleno de aprobación de los presupuestos de 2016 se realizó con un solo día de antelación, cuando la normativa del régimen local establece un plazo mínimo de dos días hábiles, pudiendo convocar de forma urgente motivando adecuadamente las razones de la urgencia. El equipo de gobierno no motivó adecuadamente la urgencia, hecho reconocido en la sentencia del juzgado de lo contencioso, no obstante, según la misma sentencia que no estimó nuestras pretensiones no se vulneró el derecho fundamental de participación política porque nuestro grupo presentó por escrito algunas enmiendas al presupuesto en el mismo pleno.

Por ello, este procedimiento se encuentra pendiente de sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al haber planteado por nuestro grupo recurso de apelación.

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