Ganemos desvela cómo se pudo amañar la adjudicación del contrato de Aceinsa

Ganemos Salamanca denuncia una serie de indicios que ponen de relieve el trato de favor del alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco; los dos tenientes de alcalde, Fernando Rodríguez y Carlos García Carbayo; y el Jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández hacia la concesionaria Aceinsa.

El contrato de la empresa se encuentra prorrogado de forma ilegal desde 2015, tal y como ya denunció Ganemos, que ha llevado el caso a los Tribunales. La denuncia, admitida a trámite por el Juzgado de lo Penal, se fundamenta también en estos indicios que, presuntamente, demuestran que el contrato de señalización horizontal y vertical fue adjudicado a Aceinsa “de forma premeditada” por parte del equipo de Gobierno del PP.

Esta mañana, Ganemos ha comparecido ante los medios de comunicación para profundizar en el caso Aceinsa y explicar de forma detallada los antecedentes sobre cómo la empresa logra acceder al contrato millonario que actualmente mantiene. La portavoz del grupo, Virginia Carrera, junto el concejal Gabriel Risco han ofrecido los detalles.

Las claves de Aciensa: comienza con un contrato menor de instalación de vados en 2010; logra en 2011 el de ‘señalización de las vías públicas y eventos’ (1 millón de euros al año) y, tras este, llega el de alumbrado público, declarado nulo por la Justicia

2010: primer contrato menor para instalación de vados

Es en 2010 cuando Aceinsa tiene su primera ‘aparición’. Un año antes de las elecciones de 2011, pero cuando el alcalde Mañueco ya sabe que va a ser el candidato del PP a la Alcaldía, se firma el primer contrato, en concreto el de ‘suministro e instalación de placas de vado para el Ayuntamiento’, adjudicado el 18 de abril de 2010 por un plazo de 10 años.

Primer gran contrato: señalización de las vías públicas y eventos

Tras esta operación de pequeño importe llega “el primer gran contrato, de la mano del PP, con el alcalde de director de la orquesta”, es decir, el de ‘señalización de las vías públicas y eventos’, por importe 1 millón de euros al año. En esta adjudicación, los pliegos y la licitación ponen de manifiesto que la empresa elegida sería la que los criterios subjetivos y, por lo tanto, variables, decidieran.

El proceso de licitación se realizó dando prioridad a criterios subjetivos y dejando sin valor los de carácter objetivo, de manera que la elección de la empresa pudo ser “premeditada”.

Para ello, la estrategia es clara como se ve en el cuadro siguiente:

Un proceso con apariencia de trato igualitario

El proceso se llevó a cabo para dar apariencia de que la adjudicación se realizaba siguiendo criterios objetivos y, por lo tanto, con apariencia de igualdad de trato. “Pero eso es falso”, denuncia Ganemos, quien insiste en que el proceso benefició a Aceinsa en todo momento.

Y es que el PP utiliza un “sistema que neutraliza los criterios objetivos”, de manera que estos pierden su importancia, pues todas las empresas reciben la misma puntuación al respecto. Es así como se realiza una evaluación que puntúa sólo los criterios subjetivos, valorados incluso sabiendo en cada momento de qué empresa se trata.

Esta forma de selección pone un tope a la valoración de las bajas económicas (criterios objetivos), lo que hace que todos los licitadores oferten el máximo de baja (esta baja se aplica en el precio de la adjudicación).Así, todas las empresas candidatas obtienen la máxima puntuación en los criterios objetivos, con lo que “ya está neutralizado el efecto de la licitación objetiva”, explica Ganemos.

Lo mismo que sucede con las bajas ocurre también con las mejoras, pues prácticamente todos (13 de 16 licitadores) adaptan su oferta para llegar a la máxima puntuación en este aspecto.

Por otra parte, Ganemos Salamanca recuerda que el siguiente gran contrato que el equipo de Gobierno del PP concede a Aceinsa, el de alumbrado público, es otorgado incluso teniendo en contra todos los informes, y también sin que Mesa de Contratación esté de acuerdo. Dicho contrato ha sido anulado por el TSJ (Tribunal Superior de Justicia) de Castilla y León y está pendiente de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

By | 2018-05-16T13:58:16+00:00 14 mayo 2018|Denuncias|

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