Moción de Ganemos Salamanca para fortalecer la libertad de información en la Diputación

El derecho a una información veraz se encuentra reconocido en el art. 20 de la Constitución, resultando principio esencial del sistema democrático representativo, al garantizar una opinión pública libre y un adecuado control popular del poder público.

El respeto de los principios constitucionales obliga a que la comunicación relacionada con las Administraciones sea plural, respetuosa con las distintas tendencias presentes en la sociedad, objetiva, útil y clara.

Los medios de comunicación propios de la administración, así como las informaciones que parten de la misma (página web, redes sociales, comunicaciones del Gabinete de Prensa, Comunicados y ruedas de prensa institucionales) deberían ser de carácter institucional, exentos de contenido político o partidista.

Pese a tal exigencia, muchas veces nos encontramos con “noticias” publicadas por esta Diputación en las que el Presidente u otros miembros del Equipo de Gobierno se atribuyen logros y méritos institucionales y no respetan ni la labor ni la pluralidad de puntos de vista del resto de fuerzas políticas presentes en la Diputación.

El objetivo que debe perseguir la publicidad institucional es informar de forma objetiva al ciudadano. La información institucional de una Administración no se puede convertir en un medio de comunicación al servicio del partido político gobernante.

La normativa sobre comunicación institucional establece que sólo se podrán realizar campañas institucionales cuando concurran razones de interés público y en el ejercicio de sus competencias; contribuirán a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres respetando la diversidad social y cultural presente en la sociedad; y se ajustarán siempre a las exigencias derivadas de los principios de interés general, lealtad institucional, veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto.

Ley prohíbe expresamente aquellas campañas institucionales que tengan como finalidad destacar los logros de gestión o los objetivos alcanzados, que incluyan mensajes discriminatorios, sexistas o contrarios a los principios, valores y derechos constitucionales y que inciten, de forma directa o indirecta, a la violencia o a comportamientos contrarios al ordenamiento jurídico. Asimismo, los mensajes o la presentación de las campañas institucionales de publicidad y de comunicación no podrán inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleados por cualquier formación política u organización social.

Han de establecerse garantías concretas para asegurar que las campañas institucionales de publicidad y de comunicación sean efectivamente útiles a los ciudadanos y no al gobierno que las promueve.

La garantía de respeto de los principios y objetivos indicados parte de que la responsabilidad de TODA la comunicación institucional sea abordada por profesionales independientes, con capacidad de actuación autónoma, separada del Equipo de Gobierno. La comunicación no puede efectuarse desde departamentos diferentes y descoordinados ni debe elaborarse en el propio Equipo de Gobierno o en su personal de confianza. El departamento específico de comunicación debe actuar con independencia y siguiendo criterios de objetividad e imparcialidad informativa.

En cuanto a las relaciones con los medios de comunicación, es fundamental el respeto a su pluralidad y al derecho a la información, como el derecho de objeción de conciencia del periodista o el derecho de réplica de los ciudadanos, garantes de la libertad de información.

Sin embargo, todavía existen medios de comunicación que no respetan ni los derechos de los periodistas ni los de los ciudadanos, resultando en una vulneración fragante de las condiciones de existencia de la propia democracia.

Por otro lado, las administraciones públicas se han convertido en una fuente de financiación muy importante de los medios a través de la contratación de publicidad institucional, debiendo situarse esta intervención bajo riguroso control y una estricta regulación, con el fin de evitar posibles condicionamientos económicos, políticos o institucionales, para lo cual la máxima transparencia representa la primera herramienta de control y mejora de la confianza en el sistema democrático.

Por lo expuesto, este grupo político presenta al Pleno para que se someta a votación el siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Atribuir la responsabilidad global de la gestión de la política de comunicación institucional de la Diputación de Salamanca a un Gabinete de Comunicación que actúe con independencia y siguiendo criterios de objetividad e imparcialidad informativa, incluyendo tanto la planificación de la publicidad institucional, así como la gestión de la actualidad de la web corporativa y las cuentas de redes sociales.

SEGUNDO.- Establecer la exclusión de publicaciones institucionales que ensalcen logros de gestión o consecución de objetivos habitualmente atribuidos a la Presidencia, a una Delegación o a un grupo político.

TERCERO.- Publicar en el portal de transparencia las partidas presupuestarias destinadas a medios de comunicación, así como los gastos concretos en publicidad e información social, indicando el detalle de la cuantía, la concreta empresa de comunicación y el concepto (subvención, contrato de publicidad institucional, convenio, etc.).

CUARTO.- Diseñar un PLAN DE MEDIOS con la participación de los distintos grupos políticos y consulta al sector de la comunicación, partiendo de un marco de objetivos y prioridades que determine el Pleno, que establezca criterios de carácter objetivo, no arbitrarios o con base en preferencias ideológicas o partidarias, incluyendo aquéllos que fomenten la pluralidad informativa, así como cláusulas éticas y profesionales cuyo contenido se encuentre en los códigos deontológicos periodísticos y de los medios de comunicación, con el fin de fortalecer la libertad de información.