MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA PARA SOLICITAR LOS BIENES INMATRICULADOS POR LA JERARQUÍA CATÓLICA

MOCIÓN DESESTIMADA CON VOTOS A FAVOR DE LOS GRUPOS GANEMOS SALAMANCA Y PSOE; ABSTENCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS Y EN CONTRA DEL GRUPO POPULAR
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 5/2017 –
7/7/2017

Texto de la moción:

En 1998 el Gobierno del Partido Popular, presidido por José María Aznar, modificó el Reglamento Hipotecario para permitir la inscripción de templos de culto en el Registro de la Propiedad, lo que hasta entonces no era posible por su naturaleza históricamente pública y por tratarse de bienes fuera del comercio. Ante la carencia de títulos de propiedad sobre los mismos, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales en un Estado aconfesional, aprobadas en 1946 y 1947: los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario. El primero equiparaba a la Iglesia con la Administración Pública, otorgándole el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin necesidad de aportar título de dominio. El segundo artículo equiparaba a los diocesanos con notarios, de forma que podrían certificarse a sí mismos la propiedad de un inmueble no inscrito. A través de este procedimiento irregular se han inmatriculado, sin aportar título alguno, miles de bienes en España de toda índole (40.000 en palabras de la propia Conferencia Episcopal). Normas a todas luces inconstitucionales e incluso reprobadas con dureza por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, declarando la nulidad de las mismas y condenando al Estado español por haberlo permitido.

Debe quedar claro que el posible uso litúrgico no condiciona en absoluto la propiedad, que muchos de ellos han sido construidos y restaurados con dinero público o del pueblo, que sobre la inmensa mayoría de los mismos, pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial y, por último, que consta fehacientemente la inmatriculación de miles de bienes de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley, tanto por la fecha de su inmatriculación (antes de la reforma de 1998), como por no haber sido poseídos nunca por la jerarquía católica (solares, viviendas, caminos, cementerios, jardines, frontones, locales comerciales o plazas públicas), ni, en todo caso, haber documentado de forma fehaciente su propiedad. La presión ciudadana y política ha desvelado numerosos escándalos en todo el Estado, provocando la aprobación de la ley 13/2015, que modifica la Ley Hipotecaria para eliminar el privilegio registral mencionado y evitar de esta forma un posible recurso de inconstitucionalidad. Pero lo hace sin efectos retroactivos, con lo que se produce una amnistía registral sobre los miles de bienes inscritos por la Iglesia Católica durante todo su periodo de vigencia.

El 4 de abril pasado se ha aprobado una Proposición no de Ley presentada en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados “Relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia”, en la que se recogía: “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aun en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.

Posteriormente, como respuesta a una pregunta parlamentaria el 5 de junio el ejecutivo afirma su compromiso a elaborar ese listado “impulsando las actuaciones necesarias tendentes a dar cumplimiento a lo establecido en la Proposición no de Ley relativa a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la Iglesia, en lo relativo a la elaboración de un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica.

Sin embargo esta solicitud ya se ha cursado en repetidas ocasiones para poder conocer la magnitud real de esta privatización, el coste social derivado de la descapitalización sufrida, contrastar su titularidad y actuar en su contra cuando su naturaleza pudiera ser pública. Los parlamentos de País Vasco, Navarra, Aragón, Canarias o Baleares, ya han aprobado leyes para solicitar esta información a los decanatos de sus colegios registrales. Igual ha ocurrido en muchos municipios de todo el territorio del Estado, con el respaldo de todos los partidos políticos. Muchos de estos bienes ya han sido impugnados y otros tantos recuperados para el dominio público. Apenas conocemos un mínima parte del patrimonio privatizado mediante este procedimiento, lo que obliga a tener que solicitarlos en cada Ayuntamiento.

Por todo lo expuesto el grupo municipal GANEMOS SALAMANCA elevamos al Pleno del Ayuntamiento de Salamanca para que se acuerden las siguientes disposiciones:

1.- Que el Ayuntamiento de Salamanca recabe de los Registros de la Propiedad la lista de los bienes inmatriculados al amparo y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipotecaria por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones : Diócesis, Obispado, Cabildo o similares.

2.- Que se dé traslado a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y al Ministerio de Justicia de los resultados obtenidos.