MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RESPETE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN

MOCIÓN APROBADA CON LOS VOTOS A FAVOR DE GANEMOS SALAMANCA, PSOE Y CIUDADANOS; EL GRUPO POPULAR VOTÓ EN CONTRA
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 15/2015 –
4/12/2015

Texto de la moción:


“La libertad de información y expresión consisten en expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, no pudiendo ninguna Administración sugerir ni decidir sobre los medios a utilizar por las personas, no encontrándose sometida esta libertad a ningún deber de comunicación o solicitud de autorización, pues cabe recordar que el mismo art. 20 de la Constitución reconoce que este derecho “
no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa”.

El derecho de reunión y manifestación, art. 21, igualmente, no requiere autorización expresa, tratándose de una manifestación colectiva de la misma libertad de expresión, ejercitada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y
reivindicaciones, por todas, STC 85/1988.

Este derecho, sin embargo, sí que está sometido al cumplimiento de un requisito previo: el deber de comunicación con antelación a la autoridad competente, que no es otra que la Subdelegación del Gobierno, habiendo de tenerse en cuenta que el deber de comunicación no constituye una solicitud de autorización, ya que el ejercicio de este derecho fundamental se impone por su eficacia inmediata y directa, sin que pueda conceptuarse como un derecho de configuración legal, “sino tan sólo una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros” (STC 66/1995).

Estos derechos han sido ejercidos por la ciudadanía de manera exponencial a partir de mayo de 2011, que dio origine a un ciclo de movilizaciones sociales inédito en el país, activándose todo tipo de protestas ciudadanas, bajo muy distintos formatos, no siendo la ciudad de Salamanca una excepción.

Acampadas reivindicativas en las plazas, ocupaciones simbólicas de entidades financieras, concentraciones ante sedes de partidos políticos, marchas y manifestaciones populares, instalación de puntos de información, mesas y reparto de octavillas, realización de performances y acciones de teatro-denuncia, etc.; todas ellas acciones enmarcadas dentro de la libertad de expresión, reunión y manifestación.

Sin embargo, en multitud de ocasiones, el Ayuntamiento de Salamanca, a través de instrucciones a la policía local y a los servicios administrativos y jurídicos, ha iniciado e instruido procedimientos sancionadores hacia personas, movimientos, organizaciones sociales, religiosas, sindicales y políticas, además de ordenar levantar mesas informativas e incluso acciones de teatro-denuncia.

Algunas de estas actuaciones han sido llevadas a los Juzgados de lo Contencioso de esta ciudad, incluso llegando en algunas ocasiones al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, obteniendo los movimientos sociales sentencias en su favor, condenando las actuaciones inconstitucionales y vulneradoras de DDHH e, incluso en algunos casos, anulando determinados preceptos incluidos en algunas ordenanzas municipales, como la ordenanza de residuos.

Este tipo de actividades, todas ellas expresiones o formas de ejercer la libertad de información, expresión y reunión, han sido sancionadas argumentando falta de autorización o permisos municipales, competencia para la regulación del medio ambiente urbano, actividades y ocupación en la vía pública, llegando a poner en tela de juicio la oportunidad y medios utilizados por las personas y organizaciones para plantear sus demandas en relación a los más variados temas y
cuestiones, llegando incluso a exigir autorización para rezar el rosario o predicar la palabra de Jesús en la vía pública.

Es así que, incluso ante la existencia de numerosa jurisprudencia en la materia y casos concretos judicializados en nuestra ciudad, se sigue informando a la ciudadanía de forma errónea sobre el ejercicio de sus derechos, concediendo y denegando por el Ayuntamiento permisos para repartir octavillas, instalar mesas informativas o predicar pensamientos religiosos e incluso se repiten actuaciones irregulares por parte de miembros del funcionariado y la policía local, tales como retirada de pancartas en manifestaciones, identificaciones en concentraciones que no necesitan comunicación o sanciones por reparto de octavillas que, ahora, aparecen en las denuncias como “esparcimiento de octavillas en la vía pública a personas”.

En consecuencia, por este Grupo se eleva al Pleno la siguiente PROPUESTA:

Primera.- Que el Ayuntamiento de Salamanca de las instrucciones oportunas de respeto a los derechos fundamentales a los servicios de información y atención al ciudadano, policía administrativa y policía local, en referencia a las formas expresadas de libertad de información, expresión, reunión y manifestación: acampadas reivindicativas, reparto de octavillas, música y vídeo político en la calle, colocación de mesas informativas, responsabilidad subsidiaria de carteles no autorizados, rezos en las plazas, performance y acciones de teatro-denuncia en las calles y otras, con el fin de impedir nuevas irregularidades y vulneraciones de derechos humanos.

Segunda.- Implementar la inclusión en el programa formativo del personal del Ayuntamiento cuestiones específicas sobre DDHH, con especial atención en la libertad de información, expresión y reunión y las competencias municipales en relación al espacio público.

Tercera.- Instar a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León a que redacte unas recomendaciones para los municipios con el fin de respetar y proteger la libertad de información, expresión, reunión y manifestación, en las condiciones expresadas por los tribunales de la región”.