VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 16/2015 –
4/12/2015

Texto de la moción:

“España es el país europeo que menor conflictividad presenta frente al enorme nivel de protesta ciudadana ante la estafa financiera y la crisis política en la que vivimos. La sociedad española es, sin duda, probablemente la más cívica y pacífica en sus formas y maneras de ejercer y reivindicar los derechos y libertades. Derechos de las personas que los lobbies económicos y financieros han arrancado a los políticos que dicen ejercer nuestra representación, a través de medidas como la reducción generalizada de salarios y de los presupuestos para educación, pensiones o salud pública, entre otras.

Por ello, millones de personas en nuestro país han salido a las calles, inventando y redescubriendo formas de protesta, que incluso han sido imitadas allende nuestras fronteras por todo el globo. Sólo recordar que el 15 de octubre de 2011, ante la convocatoria desde España, 1051 ciudades de 90 países de todo el mundo se sumaron a la protesta coordinada del movimiento 15M; antes, más de 300 acampadas en todo el mundo reivindicaban más y mejor democracia, “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, “no nos representan”.

Tras las simbólicas acampadas y el empoderamiento de miles de personas en las mismas, nos encontramos con el mayor movimiento de desobediencia civil que ha conocido nuestro país desde los insumisos: el movimiento antidesahucios y la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, genuinos representantes de la justicia y la protesta contra la crisis generada por la burbuja inmobiliaria y la corrupción política. Miles de familias desahuciadas que, una vez superado el miedo y la desesperación, empoderadas por la solidaridad y el apoyo mutuo, se han organizado para tomar la calle, plantar cara a los bancos y los políticos, dejando de ser sus mercancías para pasar a ser sujetos políticos de una nueva ciudadanía crítica ante leyes injustas, leyes que los propios tribunales europeos posteriormente han condenado, por violar derechos fundamentales.

En el mismo tiempo, las privatizaciones y recortes del Partido Popular supusieron el nacimiento de una nueva confluencia ciudadana y sindical en las calles: las mareas. La marea blanca por la sanidad, la marea azul por el agua, la marea verde por la educación. Antes, el 25 de septiembre de 2012, miles de personas protestaron ante la sede del Congreso de los Diputados contra el secuestro de la democracia, exigiendo la apertura un proceso constituyente del que precisamente ahora tanto se habla, para abrir un nuevo tiempo político, donde solventar los graves problemas del país, a través de la reforma de la carta magna, ya sea para resolver la cuestión territorial o para garantizar de mejor modo, precisamente, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud o el acceso a la información, entre otras cuestiones.

Y bien, cientos, miles de protestas pacíficas, no violentas, cuya respuesta desde el Gobierno del Partido Popular ha sido la represión. La represión administrativa y la represión penal. Multas y cárcel para activistas, pobres, e inmigrantes, para periodistas e informadores.

Sin duda, el caso más sangrante es la introducción de la cadena perpetua en nuestras leyes, que atenta contra todo principio de humanidad, como bien reconoce la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; no obstante el mayo despliegue de reformas se refieren a la legislación represiva administrativa, de forma calculada, para evitar, desactivar, disuadir, precisamente, todas las protestas ciudadanas que de forma ejemplar se han dado en nuestro país, así como criminalizar la pobreza convirtiendo al mantero en delincuente o amparando por ley orgánica las devoluciones en caliente, práctica inconstitucional que viola los tratados internacionales sobre derecho de asilo y refugio, tanto es así, que hasta el Vaticano se ha posicionado en contra de esta reforma por inhumana.

Así se ha llamado a estas reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal como Ley Anti-15M, Ley Anti-Plataforma de Afectados por las Hipotecas, Ley Anti-25S Rodea el Congreso, Ley Anti-Mareas, Ley AntiGreenpeace, Ley Antihuelgas, Ley anti libertades y derechos humanos, “siniestra Ley Mordaza (…) que inquietantemente se remonta a los días oscuros del franquismo”, se escribía allá por Abril de este año en el New York Times. Jueces para la Democracia, Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Unión Progresista de Fiscales, Consejo General de la Abogacía, catedráticos de Derecho penal de todo el país…, todos se han posicionado en contra, explicitando el ataque a la democracia que suponen estas reformas. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Rights International o la última en posicionarse: el International Press Institute, organización global que promueve la libertad de prensa, que recientemente recomendaba al gobierno derogar la ley de seguridad ciudadana porque “alberga peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público”.

Organizaciones internacionales, pero también de Estados, como la OCDE, el Consejo de Europa, o la ONU. Los cinco relatores miembros del mayor órgano de expertos independientes en el sistema de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han llegado a pedir a España que desistiera de estas reformas porque, literalmente, “amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos” y “socavan los derechos de manifestación y expresión” en el país.

La plataforma No somos delito, no sólo cuenta con el apoyo de más de 100 colectivos, organizaciones y movimientos sociales del país, sino que incluso ha obtenido ya el compromiso de la mayor parte del actual arco parlamentario, para derogar de forma inmediata estas reformas.

Por lo expuesto, el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca adopta los siguientes acuerdos:

Primero.- Mostrar su más firme rechazo hacia estas reformas y solicitar la derogación íntegra de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Segundo.- Solicitar un debate consensuado entre todas las fuerzas políticas, para la elaboración de un texto que regule la materia de seguridad ciudadana.

Tercero.- Dar traslado del acuerdo a la Diputación Permanente del Congreso”