Las políticas de fronteras de la UE han evolucionado en la ampliación de los riesgos para aquellas personas que cruzan y así intentar disuadir a quienes lo intenten en un futuro. Además, se ha externalizado en países terceros la disuasión, disparando la vulneración de los derechos fundamentales de las personas migrantes, primando el control migratorio sobre el respeto de los mismos, incluido el derecho a la vida.

Esto ha hecho aumentar exponencialmente el número de víctimas en los contextos fronterizos europeos. En los últimos años se calcula han fallecido más de 40.000 personas ahogadas en el Mar Mediterráneo y 30.000 en el desierto del Sahara, muchas de ellas abandonadas de forma deliberada por las fuerzas de seguridad de países terceros, quienes reciben fondos europeos para asegurar la contención de las migraciones, vulnerando los derechos humanos de la forma más salvaje. Ante esta situación, la ciudadanía europea ha normalizado la violencia y el horror ante las tragedias diarias de personas ahogadas, muertas y desaparecidas.

Tarajal, playa situada en Ceuta, una de las dos ciudades, que junto con Melilla hacen frontera terrestre entre África y Europa, fue el lugar donde el seis de febrero de 2014 murieron quince personas procedentes del África subsahariana, en un intento de acceder a territorio español. En ese trágico día, recordado internacionalmente desde hace cuatro años, las víctimas defienden que la actuación gubernamental produjo innumerables heridos y quince personas fallecidas.

Las víctimas siempre han mantenido que la actuación a través del uso de materiales antidisturbios fue la causante de la tragedia aquel día. Además todos los supervivientes de la tragedia, que lograron acceder finalmente a territorio español, fueron devueltos a Marruecos de forma inmediata, varios de ellos heridos y sin haberse llevado a cabo ningún tipo de resolución administrativa que permitiese tal devolución. En resumidas cuentas, se devolvieron fuera de territorio europeo a testigos necesarios para el procedimiento judicial que esclareciese los hechos y que hoy en día sigue abierto, ante los distintos intentos de archivo, por parte de las autoridades judiciales locales.

Negar también los derechos de acceso a la verdad, la reparación, la justicia, y la no repetición, de las víctimas de las fronteras y de sus familiares, ha sido también una estrategia para desposeerles ante la opinión pública europea de su condición de personas, favoreciendo el avance de la xenofobia, el racismo y la intolerancia en nuestras sociedades europeas.

Frente a ello es necesario una respuesta y evitar la normalización del horror. Por eso desde hace cuatro años la sociedad civil europea viene conmemorando el 6 de febrero como un día simbólico en el cual organizarse y trabajar para abrir espacios para el conocimiento de la Verdad. La gran mayoría de las víctimas de las fronteras y sus familias no son reconocidas como tales por las instituciones europeas, muchas de ellas permanecen desaparecidas, algunas sufrieron desapariciones forzosas en los contextos fronterizos. Reconocer de facto su situación como víctimas y familiares de víctimas es un primer paso para arrojar luz en estas tragedias humanas. Además, es necesario, encontrar fórmulas para los procesos de Reparación. Desde dignificar su memoria poniendo nombres a las víctimas enterradas con números, a mantener listas de personas desaparecidas.

De igual modo es imprescindible permitir y fomentar el acceso a la Justicia. La propia dimensión de la frontera como espacio de guerra abre una excepción e nuestros estados de derecho e impide judicializar debidamente las situaciones que allí se presentan. Las víctimas y sus familiares deben de tener acceso a demandar Justicia ante los tribunales nacionales y europeos para que no queden impunes crímenes de extrema gravedad donde existen claras responsabilidades. Finalmente, debieran existir compromisos para desarrollar políticas de No Repetición que eviten más víctimas en las fronteras.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno del Ayuntamiento de Salamanca el siguiente ACUERDO:

Primero.- Instar al Parlamento Europeo que acuerde:

1) Declarar de forma oficial el día 6 de febrero como Día Europeo de las Víctimas de las Fronteras, reconociendo a las personas fallecidas y desaparecidas como víctimas de las fronteras.

2) Dignificar su memoria poniendo nombres a las víctimas enterradas con números, manteniendo listas de personas desaparecidas.

3) Promover políticas de no repetición y acceso a la Justicia, habilitando espacios, tanto institucionales como civiles, donde se exijan responsabilidades, facilitando el acceso a tribunales nacionales y europeos.

Segundo.- Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo.

En Salamanca, a 6 de febrero de 2017.

Esta iniciativa se ha recogido de la petición realizada por distintos colectivos y hecha pública este martes, 6 de febrero.

Más de 100 ONG piden al Parlamento Europeo que declare el 6 de febrero “Día de las Víctimas de las Fronteras”