APROBADA EN EL PLENO CON EL VOTO FAVORABLE DEL PP EN LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS SOCIALISTA Y GANEMOS SALAMANCA AL PLENO ORDINARIO DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA A CELEBRAR EN FEBRERO DE 2018 EN DEFENSA DE UNA SANIDAD PÚBLICA, PROFESIONAL Y DE CALIDAD EN CASTILLA Y LEÓN.

A INICIATIVA DE LA PLATAFORMA POR LA SANIDAD PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN

Los portavoces de los grupos políticos en la Diputación Provincial de Salamanca abajo firmantes, al amparo de lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, someten a la consideración del Pleno de la Corporación Local la presente proposición.

JUSTIFICACIÓN

La puesta en marcha del Sistema Sanitario Público no solo supuso una importantísima mejora a la atención sanitaria a la población, sino un cambio de paradigma sobre lo que debía de ser un Sistema Sanitario, así como la metodología de trabajo de los profesionales en este. Lo esencial de estas cuestiones aparece reflejado en la Ley General de Sanidad de 1986 y en las bases legislativas y normativas de la puesta en marcha de la Atención Primaria, 1985-1987, con una implicación esencial de las Comunidades Autónomas.

En nuestro caso (Decreto 60/1985, de 20 de julio sobre organización funcional de las Zonas de Salud de Castilla y León y de normas para la puesta en marcha de los Equipos de Atención Primaria) el concepto clave fue que el Sistema Sanitario Público era una gran oportunidad, no solo para la mejora de la atención sanitaria a la población, sino para la mejora de la sociedad en su conjunto y sin ningún género de dudas para la mejora de la formación de los trabajadores y trabajadoras del Sistema, tanto desde el punto de vista profesional, como desde el punto de vista de los valores ético-profesionales, imprescindibles en la gente que se dedica al trabajo de la salud.

Con la puesta en marcha del Sistema Sanitario Público se puso en marcha la Atención Primaria y con ella se construyeron los centros de Salud y se articularon los Equipos de Atención Primaria. A través de estos -los EAP-  se impulsó, en el caso de Castilla y León muy especialmente, una metodología de trabajo basada en un concepto de atención integral. Los programas de salud fueron una concreción de esto, se puso en marcha la formación continuada de los EAP, se impulsó la investigación en estos ajustada  a sus posibilidades… Se forjó realmente un espíritu de impulsar a los EAP como elementos nucleares de ese empuje general al SNS y además se impulsó la Participación Comunitaria, con la puesta en marcha de los Consejos de Salud y los diagnósticos de salud de cada zona, que fue un ejercicio muy importante de acercamiento de los EAP a la realidad social y geográfica en la que tenían que desarrollar su trabajo.

A nivel más general, se organizó el territorio en áreas de salud, con un Hospital General de referencia en cada una de ellas. Los hospitales, a su vez, llevaron un proceso un reorganización y modernización. Por supuesto las Jefaturas de Servicio, como parece evidente que debe de ser, eran promocionadas a tal cargo en un concurso de méritos y no nombrados por los jefes políticos de turno, lo que garantizaba su autonomía profesional. En los hospitales, se produjeron avances muy cualificados en la preocupación por la formación, no virtual, sino real, así como en la investigación y en el espíritu de colaboración con la Atención Primaria y viceversa.

Todo esto se ha ido deteriorando de forma progresiva, no fundamentalmente por cansancio de los profesionales, sino por un cambio progresivo de paradigma desde las autoridades político-sanitarias. Hoy no existen planes de formación en los EAP que puedan recibir tal nombre. Por supuesto, de la investigación quedan los recuerdos de los que llevamos trabajando desde los años 90. En realidad podríamos decir que la mayoría de los EAP no existen como núcleos de trabajo en equipo y dinamizadores de las diferentes vertientes que tendrían que cumplir, limitándose a llevar adelante la labor asistencial.


Por estas razones, queremos que se solucionen los problemas concretos que señalamos, recuperando el paradigma del Sistema Sanitario Público, ajustado al siglo XXI. El Sistema Sanitario Público no es solo un sistema de cuidados ante la enfermedad. Tiene que ser un instrumento de prevención de esta y de promoción de la salud. Es además una estructura generadora de puestos de trabajo de primer orden, y además con la cualidad de que estos no dependen, en principio, de decisiones tomadas en lugares ajenos. Es una estructura con una capacidad formadora impresionante hacia dentro, hacia sus propios trabajadores y trabajadoras, pero también a la formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud y de los profesionales que inician su carrera. Es un elemento de una gran potencialidad en la educación en salud para el conjunto social.

Su potencialidad investigadora es difícilmente comparable con ninguna otra. En síntesis, el Sistema Sanitario Público no es “un problema” sobre el que tenemos que prevenir a la sociedad con consideraciones tales como que su sostenibilidad es muy difícil, o que hay gente que se aprovecha de él. El Sistema Sanitario Público es una gran oportunidad, es un instrumento de gran valor para impulsar el desarrollo social y desde luego luchar contra la despoblación que sufre nuestra tierra, en términos muy reales.

Defender y desarrollar el Sistema Sanitario Público en nuestra Comunidad es una obligación social de primer orden. Por estas razones, la Plataforma por la Sanidad Pública de Castilla y León proponemos una tabla de reivindicaciones.

En consecuencia, los grupos abajo firmantes proponen al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Único.- Instar a los responsables políticos de la sanidad en Castilla y León:

1.- Acabar con los recortes y recuperar, cuando menos, el equivalente al presupuesto sanitario alcanzado en 2010, con un mayor peso en el gasto de la Atención Primaria, especialmente en el medio rural.

2.- Recuperar el empleo perdido en el sistema sanitario público y fidelizar a sus profesionales acabando con la precarización laboral, eliminando los contratos basura, las interinidades indefinidas y los puestos “comodín”, al tiempo que se protege la carrera profesional.

3.- Que no se cierren plantas y camas hospitalarias. Al contrario, utilizar intensivamente los recursos que tiene la sanidad pública, mediante la contratación del personal necesario, para reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, eliminando los conciertos con la sanidad privada.

4.- Un modelo de Sanidad 100% Pública que suponga:

  • El fin de los modelos de colaboración público-privada, auténtica sangría de las arcas públicas.

  • El abandono del proceso de implantación de las Unidades de Gestión Clínica, por ser un camino hacia la privatización del sistema sanitario.

  • La reconversión de los servicios externalizados, asumiendo su gestión y provisión directas, pues ha quedado demostrado que son siempre más caros y de peor calidad en manos privadas.

5.- Implementar programas de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito de la atención primaria.

6.- Acercar la Atención Especializada y hospitalaria a los núcleos rurales de población alejados de los hospitales de área, mediante el desarrollo debidamente dimensionado de estos servicios, una mayor dotación del transporte sanitario (urgente y programado) y el establecimiento de los convenios de colaboración oportunos con la sanidad pública de comunidades autónomas limítrofes.

7.- Legislar para restituir el derecho a recibir asistencia sanitaria de personas que residan en nuestro territorio, en tanto no se derogue el Real Decreto Ley 16/2012.

8.- Nombramientos de gerentes atendiendo a su perfil profesional, no político, e introducir medidas de transparencia de su gestión económica mediante auditorías independientes.

9.- Cumplimiento riguroso de la ley de incompatibilidades del personal sanitario, hasta una nueva regulación de la dedicación exclusiva para quien trabaje en la sanidad pública.

10.- Poner en funcionamiento cauces eficaces de participación social y profesional en todos los niveles del sistema sanitario, con participación ciudadana en la toma de decisiones y corresponsabilidad en el buen uso de los servicios.

En Salamanca, a 21 de febrero de 2018.