PROPOSICIÓN PARA INSTAR LA REFORMA DE LA LEY DE SUBVENCIONES

JUSTIFICACIÓN

Las subvenciones se encuadran en la actividad administrativa de fomento, una forma de intervención administrativa que tiene por objeto reorientar la acción particular de personas físicas o jurídicas –de naturaleza pública o privada- hacia objetivos y fines de interés general mediante el otorgamiento de estímulos diversos.

Con carácter general, la Ley General de Subvenciones establece que la concesión de ayudas ha de hacerse mediante procedimientos de concurrencia competitiva (art. 22.1), Sin embargo, el apartado segundo del mismo artículo 22 establece tres excepciones a la regla de la concurrencia competitiva: 1) Las previstas nominativamente en los Presupuestos , 2) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango legal y 3) aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

Las excepciones citadas suponen una excesiva flexibilidad en la concesión de ayudas que, llevada al extremo, puede convertirse en arbitrariedad. En estos tres casos, y a falta de una convocatoria pública que establezca los términos en los que se otorga la ayuda, se acude al instrumento del convenio de colaboración entre la Administración concedente y el receptor de la ayuda. El abuso del instrumento del convenio ha sido denunciado por el Tribunal de Cuentas, quien ha señalado que “no puede considerarse ajustada al ordenamiento jurídico, sin un adecuado respaldo legal, la suscripción de convenios con particulares que impliquen la concesión de ayudas singulares o, en general, un trato privilegiado a determinadas entidades o ciudadanos”. En definitiva, el Tribunal de Cuentas censura que las excepciones previstas en la Ley se apliquen no para subvencionar actividades de interés, sino personas físicas o jurídicas concretas. Pero es que a estas excepciones ya previstas en la Ley, se añade el hecho de que las entregas dinerarias sin contraprestación efectuadas por entidades del sector público empresarial o fundacional no están sujetas íntegramente a las previsiones de la LGS, lo cual abre otra puerta a la concesión de ayudas sin concurrencia.

En febrero de 2012 el Partido Popular instó al Gobierno de Mariano Rajoy a acometer una reforma de la Ley de Subvenciones con el objeto de suprimir con carácter general las subvenciones nominativas y de aumentar la transparencia en su concesión. Unos meses antes, entre las medidas de reforma de la Administración anunciadas por el entonces candidato Mariano Rajoy durante la campaña electoral, se encontraba la reforma de la Ley de Subvenciones para hacerla más exigente, advirtiendo que éstas no pueden ser “discrecionales y se tienen que basar en el principio de libre concurrencia”.

En este sentido, la Diputación de Salamanca, considera que el uso “más o menos habitual” de esta modalidad, “no es la mejor forma de coordinación y apoyo a los municipio de la provincia en la mejora en la prestación de sus servicios, y que podría ser deseable regular otra forma de proceder”, entendiendo que en la actualidad no existiría un límite legal al uso de esta forma de otorgar subvenciones directas.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Único.- Instar al Gobierno de España para que acometa la reforma de la Ley General de Subvenciones, regulando de forma mucho más restrictiva la modalidad de subvención nominativa consignada presupuestariamente.

En Salamanca, a 27 de noviembre de 2017.

OBSERVACIONES

La moción fue rechazada por el voto contrario del PP, mientras PSOE y C’s votaron a favor.