PROPOSICIÓN A FAVOR DE LA AUTONOMÍA DE LAS ENTIDADES LOCALES.

JUSTIFICACIÓN

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la CE, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones Públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición de incurrir en “déficit estructural” (art. 11) y la enunciación de la “regla de gasto” (art. 12) están restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales (CCLL), en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.

Con este marco normativo restrictivo, estamos observando que el Ministerio de Hacienda pretende vulnerar la autonomía de las entidades locales. El ejemplo más reciente y paradigmático es el caso del Ayuntamiento de Madrid, respecto al que el Ministerio ha resuelto endurecer el control de sus cuentas. Todas las operaciones financieras del Ayuntamiento deberán estar supervisadas semanalmente por los técnicos del Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, en base a una exorbitante tutela financiera.

Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el propio Ministerio y que, además, adoptó acuerdo de No Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, por el importe establecido por el Ministerio. El Ayuntamiento se ha ajustado al cumplimiento de la normativa legal, ofrece sobradas garantías de estabilidad y capacidad presupuestaria y tiene las cuentas saneadas, obteniendo más de 1.000 millones de euros de superávit en el año 2016 y reduciendo, en sólo dos años, la pesada losa de la deuda municipal en más de 2.000 millones de euros (40% de la deuda), elevando al mismo tiempo la inversión social (74%), según datos del propio Ayuntamiento.

Esta actuación del ministro Montoro no tiene por objeto lograr el equilibrio presupuestario, sino servir como castigo ejemplificante hacia todos los municipios del país, para impedir que se pueda realizar una gestión pública alternativa. Es, además, discriminatoria y arbitraria pues la misma situación se ha producido en Comunidades Autónomas -como la propia Comunidad de Madrid- o incluso en la propia Administración del Estado, de cuyas cuentas es responsable el Ministro, quienes han incumplido de forma sistemática, no sólo la Regla de Gasto, sino también la estabilidad presupuestaria, sin que se haya tomado ninguna decisión correctiva.

Tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la formulación de la regla de gasto que se deriva de la LOEPSF es distinta de la interpretación que se hace de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas por separado, se aplica al conjunto de las mismas. Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de déficit excesivo. Nuestra regulación, en cambio, impone, en el contexto del procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país, una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, que, en particular, las CCLL se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central.

Más aún, tal y como es aplicada, la regla de gasto supone un agravio comparativo para las CCLL respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración Central. No es de extrañar que haya sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de las CCLL el mayor responsable de la reciente reducción del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las CCLL, frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016). Ello a pesar de que las CCLL presentan unos niveles de gasto y deuda sustancialmente inferiores a los de las CCAA y el Estado (5,7% de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público total; y 2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de deuda pública en 2016).

La aplicación de la regla de gasto ha supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto público que haga posible que las entidades locales españolas se acerquen al grado de prestación de servicios públicos de su competencia presente en el resto de Europa. Consideramos que se trata de un ataque injustificado a la autonomía local reconocida por el artículo 140 del a la Constitución española. La imposición de sanciones económicas y los mecanismos de intervención por parte del Gobierno socava también el principio de autonomía local.

Para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es necesaria una modificación de la misma, de modo que se respete la autonomía local y garantice la capacidad de las entidades locales de la prestación adecuada de los servicios públicos. Al inicio de año el Gobierno se comprometió con la FEMP a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit. El Ministerio manifestó estar dispuesto a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende aún más que haya decidido intervenir los pagos del Ayuntamiento de Madrid, cuando existe este compromiso de modificar la normativa. En lugar de la flexibilización prometida ha optado por entorpecer los cambios en la gestión pública a favor de la ciudadanía.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Rechazar la intervención por parte del Ministerio de Hacienda de las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y de cualquier otra Entidad Local que se haga por las mismas razones.

Segundo.- Reiterar la exigencia al gobierno de España para que modifique la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y que cambie la regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones Locales que cumplen con los criterios reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales, asimilando los requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.

En Salamanca, a 27 de noviembre de 2017.

OBSERVACIONES

La moción fue rechazada por el voto contrario del PP, mientras que PSOE y C’s mostraron su apoyo