PARA LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGRARIA Y EL IMPULSO A LA CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN LA PROVINCIA

JUSTIFICACIÓN

El art. 130 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña”. Las políticas agrarias de estructuras tienen el fin de mejorar el desarrollo del sector agrario, contribuyendo a mejorar el nivel de vida de las y los profesionales de la agricultura y la ganadería.

La extensión agraria y la concentración parcelaria son pilares fundamentales de estas políticas. La extensión agraria involucra el uso de conocimientos de comunicación de la información, de modo que sirvan para ayudar a las personas a formar sus propias opiniones y a tomar sus propias decisiones de manera más acertada. Sin embargo, el enfoque clásico de extensión ha sido poco a poco desplazado por las nuevas orientaciones entorno al desarrollo local, sustituyéndose agrónomos por agentes de desarrollo rural, más orientados al emprendimiento en general y desconectados del sector agrario.

Por otro lado, la gestión de las políticas comunitarias en nuestra región ha servido de excusa para relegar a los extensionistas al interior de las oficinas administrativas, dejando en manos de las grandes empresas multinacionales la innovación, el desarrollo y la difusión de las innovaciones, algunas de las funciones clásicas de la extensión. No ha sido así en regiones como Navarra o la Comunidad Valenciana, donde las agencias se han mantenido y adaptado a las nuevas demandas del campo, obteniendo resultados muy positivos para los sectores agrarios de dichas comunidades y sus profesionales.

En la provincia de Salamanca, la progresiva desaparición de los servicios de extensión creemos que ha lastrado la modernización y desarrollo de la agricultura y la ganadería de la provincia, por lo que recuperar dichos servicios redundaría en una mejora sustancial de la economía de nuestras comarcas, además de facilitar el contacto entre las administraciones, los servicios de investigación y los y las profesionales. Finalmente, serviría para atajar algunas problemáticas de gran relevancia, como la mejora de la comercialización de los productos, la difusión de nuevas técnicas, la prevención de la contaminación de las aguas en las zonas regadío, o en general la mejor compatibilización de las explotaciones agrarias con las nuevas demandas sociales y ambientales (prácticas ecocompatibles, presencia del lobo, etc.), facilitando una mejor resolución de las problemáticas existentes.

La competencia en esta materia se encuentra atribuida a la Junta de Castilla y León, quien, sin embargo, creemos que está haciendo una clara dejación de funciones en esta materia, por lo que entendemos que estaría justificada la intervención de la Diputación, habida cuenta de los efectos tan positivos para el desarrollo provincial. Además, sería muy positivo que no fuera la misma administración que gestiona la Política Agraria Comunitaria la que ofreciera este tipo de servicios, representando a las administraciones más cercanas al territorio y más conocedoras de la realidad de las explotaciones, como son los municipios y las comarcas. Por estas razones, desde nuestro Grupo entendemos que la Diputación podría ser la administración más idónea en estos momentos para recuperar este servicio, tan valorado por los agricultores y ganaderos de la provincia.

Finalmente, la concentración parcelaria tiene el fin de resolver los problemas del minifundismo y la división parcelaria, facilitando una gestión del territorio más eficiente y sostenible. Sin embargo, la Junta de Castilla y León no está poniendo los recursos suficientes para avanzar de forma adecuada los trabajos de concentración, en especial en las zonas más marginales de la comunidad.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Estudiar la implantación de un servicio provincial de extensión agraria, mediante la contratación de un agrónomo/a especialista en extensión agraria y desarrollo rural por cada comarca agraria, centralizando el servicio en la Dehesa de Castro-Enríquez.

Segundo.- Instar a la Junta de Castilla y León a aumentar los recursos destinados a la concentración parcelaria y agilizar los trabajos en la provincia, con especial atención a las comarcas agrarias más desfavorecidas.

En Salamanca, a 18 de diciembre de 2017.

OBSERVACIONES

La moción fue aprobada por el pleno al negociar con el PP la retirada del primer punto, votándose únicamente el segundo.