MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA Y SOCIALISTA A FAVOR DE LA AUTONOMÍA LOCAL Y LA INMEDIATA ACTUACIÓN EN  MATERIA DE HACIENDAS LOCALES Y FUNCIÓN PÚBLICA

MOCIÓN DESESTIMADA CON VOTOS A FAVOR DE LOS GRUPOS GANEMOS SALAMANCA Y PSOE; ABSTENCIÓN DEL GRUPO CIUDADANOS Y EN CONTRA DEL GRUPO POPULAR
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 14/2017 –
1/12/2017

Texto de la moción:

La Administración local es la más cercana a la ciudadanía. Las personas, sus derechos y su bienestar son el centro de nuestra actuación.

La Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de la reforma del artículo 135 de la CE, ha supuesto la consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las administraciones Públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de la deuda pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición de incurrir en “déficit estructural” (art. 11) y la enunciación de la “regla de gasto” (art. 12) están restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales, en un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias, en los cuales se está El Gobierno del PP lleva años sometiendo a las EELL a un estricto control presupuestario y económico, regulando diferentes aspectos que prácticamente han dejado a los ayuntamientos sin posibilidades  de cumplir el papel que deben desarrollar en la mejora de los servicios de bienestar, la creación de nuevo empleo y todos los servicios de proximidad  demandados.

Y todo ello, además, cuando la administración local ha cumplido con creces con sus compromisos de estabilidad presupuestaria y los objetivos marcados por el Gobierno.

En primer lugar, en el ejercicio 2016, el conjunto de las Corporaciones Locales ha registrado una disminución del gasto computable del 1,2%, lo que supone el cumplimiento de la regla de gasto en este ejercicio, ya que la tasa de variación permitida es el 1,8%, siguiendo además la tendencia reductora en los objetivos fijados para los próximos años.

En cuanto al objetivo de estabilidad presupuestaria aprobado para las Corporaciones Locales, que el año pasado era alcanzar una situación de equilibrio, el resultado registrado ha sido un superávit de 6.847 millones de euros, cifra que representa el 0,61% del PIB, siendo la única administración que no ha incurrido en déficit. Unido a ello, la utilización del superávit generado está sujeta a una serie de requisitos y limitaciones obligando a que se utilice sólo en inversiones “financieramente sostenibles”, lo que, además de implicar unas finalidades muy estrictas, no permite, de ninguna manera, inversiones en gasto corriente.

En relación a los objetivos de deuda pública, el objetivo en 2016 fue del 3,0% del PIB, habiendo alcanzado al final del ejercicio el 2,9% lo que supone el cumplimiento del objetivo fijado, una vez más. Las cifras fijadas para los años posteriores siguen reduciendo el porcentaje, siendo ésta una medida claramente discriminatoria hacia los Gobiernos Locales en relación con el Estado y las CCAA, que no tienen un límite parecido, a pesar de sumar entre ambos la práctica totalidad de la deuda.

Unido a todo lo anterior, no podemos obviar la disminución de empleados públicos de la administración local, que ha pasado de 647.488 empleados en enero de 2011 a los 547.825 empleados de julio de 2016, lo que supone una reducción del 15,39%. Esto ha abocado a una situación en la que las Entidades Locales padecen graves dificultades para la prestación de los servicios que obligatoriamente tienen encomendados, incrementándose el problema en los pequeños y medianos municipios.

Con este marco normativo restrictivo, estamos observando que el Ministerio de Hacienda está pretendiendo en muchos casos vulnerar la autonomía de las entidades locales. El ejemplo más reciente y paradigmático es el caso del Ayuntamiento de Madrid, respecto al que el Ministerio ha resuelto endurecer el control de sus cuentas. Todas las operaciones financieras del Ayuntamiento deberán estar supervisadas semanalmente por los técnicos del Ministerio que dirige  Cristóbal Montoro, en base a una exorbitante tutela financiera.

Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un cálculo erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el propio Ministerio y que, además, adoptó acuerdo de No Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, por el importe establecido por el Ministerio. Este Ayuntamiento se ha ajustado al cumplimiento de la normativa legal, ofrece sobradas garantías de estabilidad y capacidad presupuestaria y tiene las cuentas saneadas, obteniendo más de 1.000 millones de euros de superávit en el año 2016 y reduciendo, en sólo dos años, la pesada losa de la deuda municipal en más de 2.000 millones de euros (40% de la deuda), elevando al mismo tiempo la inversión social (74%), según datos del propio Ayuntamiento.

Esta actuación del ministro Montoro no tiene por objeto lograr el equilibrio presupuestario, sino servir como castigo ejemplarizante hacia todos los municipios del país, para impedir que se pueda realizar una gestión pública alternativa. La misma situación se ha producido en Comunidades Autónomas -como la propia Comunidad de Madrid- o incluso en la propia Administración del Estado, de cuyas cuentas es responsable el Ministro, quienes han incumplido de forma sistemática, no sólo la Regla de Gasto, sino también la estabilidad presupuestaria, sin que se haya tomado ninguna decisión correctiva.

Desde nuestros grupos políticos podemos demostrar que los Ayuntamientos pueden gobernarse de otra forma, con eficacia y responsabilidad, actuando de otra manera, sensible, cercana y solidaria. El PSOE y Ganemos Salamanca apostamos por municipios fuertes, con capacidad de decisión y con recursos adecuados para dar respuesta a las demandas ciudadanas, entendiendo por tanto, que el futuro marco competencial debe ir acompañado cumplimentarse con un sistema de financiación estable y suficiente.

Para evitar las injustificadas distorsiones que la LOESPF genera, es necesaria una modificación de la misma, de modo que se respete la autonomía local y garantice la capacidad de las entidades locales de la prestación adecuada de los servicios públicos. Al inicio de año el Gobierno se comprometió con la FEMP a revisar la regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit. El Ministerio manifestó estar dispuesto a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende aún más que haya decidido intervenir los pagos del Ayuntamiento de Madrid, cuando existe este compromiso de modificar la normativa. En lugar de la flexibilización prometida ha optado por entorpecer los cambios en la gestión pública a favor de la  ciudadanía.

Como vemos, la situación de las entidades locales exige que el Gobierno se tome en serio las reivindicaciones que se llevan años planteando: revisión de la regla de gasto, destino del superávit, deuda pública y tasa de reposición de empleados, para afrontar los problemas a los que cada día tienen que enfrentarse y seguir prestando los servicios públicos necesarios, permitiéndoles, además, margen de maniobra para elaborar adecuadamente los presupuestos municipales para 2018.

Por todo ello, se presenta para su consideración y aceptación por el Pleno la siguiente PROPOSICIÓN instando al Gobierno de España a:

PRIMERO.- Revisar y adecuar la regla de gasto a las necesidades de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos, siguiendo las mejores prácticas internacionales y teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad de las cuentas públicas a lo largo del ciclo.

SEGUNDO.- Eliminar los límites impuestos por el Gobierno a los fines para que las Entidades Locales, siempre y cuando tengan las cuentas saneadas, y en uso de su plena autonomía financiera, puedan destinar el superávit que generen en cada ejercicio presupuestario de modo que permita a las Corporaciones Locales dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales para promover programas y servicios que demanda la ciudadanía: políticas sociales, de vivienda, políticas activas de empleo, programas de Igualdad, políticas de juventud, etc., ajustándose, al menos, a los requisitos
presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades Autónomas.

TERCERO.- Suprimir las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades Locales no incursas en los supuestos de la Ley de Estabilidad.

CUARTO.- Modificar la regulación de la tasa de reposición de los efectivos en la Administración Local de manera que alcance en los servicios de interés prioritario el 150%, y en el resto de los servicios municipales el 100%.