PROPOSICIÓN DE GS PARA LUCHAR CONTRA LAS VIVIENDAS VACÍAS Y FACILITAR EL ACCESO A LOS PARQUES PÚBLICOS DE VIVIENDA.

MOCIÓN APROBADA CON ENMIENDAS TRANSACCIONALES DEL PP (PLENO 27 DE FEBRERO DE 2018)

JUSTIFICACIÓN

El acceso a una vivienda digna es una de las primeras necesidades básicas de cualquier familia, un derecho que se encuentra en el art 47 de nuestra Constitución, y que constituye un deber público, representando en la actualidad una prioridad fundamental de la lucha contra la pobreza, en todo el país, incluida nuestra provincia. En Salamanca se viene cifrando en más de 3.000 las viviendas nuevas desocupadas sin vender, de las cuales la inmensa mayoría se encuentran en manos de entidades financieras y promotoras, mientras se siguen produciendo desahucios.

Es necesario tomar medidas encaminadas a incentivar la ocupación de las viviendas vacías, preferentemente mediante alquileres asequibles. En este sentido, la ley de haciendas locales introdujo la posibilidad de que los ayuntamientos pudieran exigir un recargo de hasta el 50% de la cuota líquida del IBI en el supuesto de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente. Sin embargo, nos encontramos desde hace años con un bloqueo en el uso de esta medida, al carecer en nuestro país de un desarrollo reglamentario de esta previsión legal.

El Procurador del Común, en su resolución de 28 de junio de 2013 sobre “medidas para proteger eficazmente el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada”, ya planteaba esta cuestión con precisión y rotundidad. En el punto 4.2 denominado “reducción del número de viviendas vacías” dice, nada más empezar, que “lo primero que debemos poner de manifiesto es la carencia de una definición estatal de lo que debe entenderse por vivienda vacía”.

La definición del concepto de bien inmueble de uso residencial que se encuentre desocupado con carácter permanente se trata de una competencia exclusiva del Gobierno central, según opinión reiterada de los tribunales, además de condición previa ineludible para que pueda resultar de eficaz aplicación el recargo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Sin embargo, todavía estamos lejos de que esta definición legal sea una realidad, a través del correspondiente desarrollo reglamentario. Por esta razón, es necesario requerir al Gobierno para que actúe, y los ayuntamientos puedan disponer de más recursos legales para acabar con la lacra de las viviendas vacías, algo incomprensible ante la desesperada situación de miles de familias de nuestro país.

Por otro lado, son numerosas las viviendas vacías en manos de entidades públicas (como ADIF o la SAREB), quienes tienen una política de venta de las viviendas de su titularidad al sector privado orientada a aumentar sus ingresos, sin atender a otros intereses públicos, como su ocupación por familias en alquiler.

Estas viviendas de titularidad pública entendemos que deberían ponerse a disposición de las familias que verdaderamente las necesitaran mediante un alquiler asequible, incorporándose a los parques públicos de vivienda de la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos, ya fuera mediante una cesión temporal o permanente.

La proliferación de viviendas vacías además está promoviendo ocupaciones indeseables, generando graves problemas legales y de convivencia en algunos municipios, ante la pasividad general del conjunto de las administraciones implicadas, para desesperación de la vecindad y ayuntamientos. Esta situación justifica una política activa por parte de las Diputaciones con el fin de incorporar a los parques públicos de viviendas la mayor cantidad posible de viviendas vacías, y facilitar su acceso a la ciudadanía, a través de los servicios públicos.

En este sentido, son numerosas las corporaciones locales que ya han firmando convenios de colaboración con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con el objeto de mejorar la atención en materia de acceso a vivienda de protección pública en alquiler o compra, orientados a una mejor coordinación en la gestión de los parques públicos de viviendas titularidad de las distintas administraciones, implicando al área de Bienestar Social de la Diputación para que la unidad de desahucios facilite a las personas en riesgo de exclusión social el acceso a pisos con una mayor rapidez en la gestión y sin tener que acudir a otra instancia u oficina, facilitando el asesoramiento y la orientación profesional que necesitan para formalizar la solicitud.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Requerir al Gobierno de España para que defina y delimite, mediante el correspondiente desarrollo reglamentario, el concepto de bien inmueble de uso residencial que se encuentre desocupado con carácter permanente, en aplicación de la Ley de Haciendas Locales.

Segundo.- Instar a la Junta de Castilla y León la coordinación e impulso de negociaciones entre Ayuntamientos, la propia Junta de Castilla y León y las entidades públicas tenedoras de viviendas vacías en nuestra provincia, con el fin de fomentar la ocupación de dichas viviendas mediante alquiler y mejorar la coordinación provincial de la información disponible sobre los distintos parques de vivienda pública en la provincia y su gestión y acceso por parte de la ciudadanía.