Ante el sobreseimiento temporal de la causa relativa al denominado ‘caso Aceinsa’, destapado por Ganemos Salamanca en octubre de 2017, la agrupación de electores hace público el siguiente

COMUNICADO DE PRENSA

Ganemos Salamanca asegura que está cumpliendo con creces con su función de control y fiscalización en el Ayuntamiento, obteniendo la documentación necesaria para denunciar en los órganos municipales, a la opinión pública y en los juzgados la mala gestión, las ilegalidades y los presuntos hechos delictivos, pero recuerda que corresponde a policía, fiscales y jueces investigar y sentar en el banquillo a los corruptos, como está sucediendo en el resto del país.

No obstante, comprende la dificultad de romper la barrera del miedo para que las personas implicadas en las relaciones corruptas entre los políticos y los empresarios se atrevan a denunciar la realidad de la corrupción en nuestra ciudad. Por ello, Ganemos Salamanca solicita a las personas que conocen la presunta trama de corrupción que no tengan miedo y sean valientes, después de que la agrupación política haya sacado a la luz el caso y la ciudadanía esté esperando que la época negra de la corrupción del PP finalice con consecuencias para los implicados. El grupo recuerda, además, la actual necesidad de una nueva legislación que ampare y proteja a los denunciantes de corrupción.

Solo la Fiscalía podía pedir la ampliación del plazo para seguir investigando y no lo ha hecho, impidiendo así que el Juzgado haya podido practicar las pruebas solicitadas por Ganemos Salamanca

Y es que el juzgado de instrucción nº1 de la ciudad ha remitido un auto de sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el alcalde Fernández Mañueco y otros miembros de su equipo en el Gobierno municipal (PP), incluido el Jefe de la Policía Local, por favorecer a la empresa Aceinsa, a través de la prórroga y concesión de varios contratos millonarios, adjudicados en contra de informes técnicos e incluso sentencias que avalan la ilegalidad manifiesta de sus actuaciones, y en contra de los intereses de la ciudadanía, con daños millonarios a las arcas públicas. La excusa de esta decisión judicial es el transcurso del plazo legal de 6 meses que la última reforma legal del gobierno de Mariano Rajoy introdujo para acortar la fase de instrucción y, que de forma habitual y sistemática, la Fiscalía suele solicitar que se prorrogue de oficio para proseguir las diligencias de investigación, algo que no ha sucedido en este caso, quizá debido precisamente a la relevancia política del mismo. La posición de Ganemos al respecto sigue siendo “firme” y hoy su portavoz, Virginia Carrera, ha confirmado que su grupo interpondrá un recurso de reforma ante el Juzgado para tratar de mantener el caso abierto y que, si se produjera un segundo archivo, su siguiente paso sería un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

De este modo, y sin haber practicado las pruebas solicitadas por el grupo Ganemos, el juez instructor considera que por ahora no puede considerar la existencia del delito de prevaricación, aunque “evidentemente las tareas de preparación de la nueva licitación debieron realizarse o con más antelación o con más agilidad”, y que se ha acreditado la grave imprudencia cometida. Sin embargo, considera que hasta la fecha no hay pruebas suficientes para deducir una “intencionalidad deliberada”, pues “en las actuaciones descritas puede criticarse el retraso en la tramitación del expediente, pero no puede calificarse como un retraso intencionado para prorrogar maliciosamente el contrato existente.”

Del mismo modo entiende que, con las pruebas existentes hasta la fecha, no puede deducirse la existencia de malversación de fondos públicos y prevaricación, en el caso de la acreditada adjudicación ilegal del contrato de alumbrado, aunque el Ayuntamiento tenga que indemnizar a Etralux con 800.000€, pues estima que no debe derivarse la comisión de un delito solo por la “mera discrepancia entre una resolución administrativa y la legalidad sino que es preciso que además no exista un fundamento técnico-jurídico aceptable”. Así, aunque recuerda que la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo han afirmado que “no había razón alguna para adjudicar el contrato a Aceinsa Movilidad S.A”, entiende que, al existir una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la ciudad en la que se dan fundamentos jurídicos a favor del Ayuntamiento, este hecho excluiría la existencia de delito alguno.

Por su parte, tanto desde Ganemos Salamanca como desde sus servicios jurídicos se rechaza de forma tajante este argumento, que podrá ser objeto de recurso, “pues no serviría para otra cosa que para blanquear prácticamente cualquier tipo de ilegalidad y corruptela, calificando de no delictivas decisiones declaradas ilegales por los tribunales competentes y con grave daño para la ciudadanía (800.000€, en este caso), sólo por el hecho de la existencia de alguna opinión técnico-jurídica contradictoria previa”, según el concejal Gabriel de la Mora.

Por otro lado, el concejal del grupo granate Gabriel Risco, afirma que, en cualquier caso, la agrupación está satisfecha por el trabajo realizado y que “seguirá denunciando la corrupción y buscando nuevas pruebas para reabrir la investigación, ya que es imprescindible que los corruptos no queden impunes”. La agrupación Ganemos Salamanca nació en septiembre de 2014 precisamente para gestionar de un modo más transparente, justo y eficiente los recursos públicos, y para luchar contra la corrupción municipal, de modo que “este es nuestro caballo de batalla y el de los y las ciudadanas que nos votaron”, concluye.