MOCIÓN RELATIVA A LA NECESIDAD DE REGULACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS CLÍNICAS DENTALES CON EL FIN DE PROTEGER A LOS MILES DE AFECTADOS Y AFECTADAS POR LAS CLÍNICAS IDENTAL EN DISTINTOS TERRITORIOS DE ESPAÑA.

Las cadenas de marcas y franquicias dentales tuvieron un incremento interanual en 2016 del 13,4% respecto al 2015 (Observatorio Sectorial de la consultora DBK), convirtiéndose en el principal motor de crecimiento del sector de los centros médicos especializados. Este crecimiento se prevé́ que continuará durante los próximos años.

Muchas de estas empresas, buscan abaratar costes y conseguir una mayor rentabilidad en el menor plazo de tiempo posible, y ello provoca que situaciones de precariedad, de abuso y fraude se conviertan en una realidad ampliamente asentada. Al mismo tiempo, mientras se produce el crecimiento de este sistema, varias cadenas clínicas de odontología corporativa han cerrado en los últimos años dejando a miles de pacientes sin tratamiento, con créditos bancarios y a empleados y proveedores con deudas pendientes.

Este modelo empresarial no solo precariza la situación de los y las profesionales sino que además pone en riesgo la salud de miles de pacientes al utilizar en los tratamientos materiales de muy baja calidad.

Ejemplo de todo ello es la denuncia de los Colegios de Odontólogos de España de un aumento de intrusismo; del incremento en un 30% de las denuncias por mala praxis en los últimos cinco años; de la reducción al mínimo los derechos laborales de los profesionales, que en muchas ocasiones no pueden acogerse al convenio colectivo de la empresa o del sector, y la multitud de querellas tanto relacionadas con casos de intervenciones médicas practicadas por empleados en prácticas sin previo aviso , como diagnósticos erróneos, el uso de materiales de muy baja calidad, la no esterilización del instrumental clínico, llegando al ingreso de pacientes con graves infecciones derivadas de intervenciones, o la falsificación de documentos para conseguir que las financieras concedieran créditos a los pacientes.

Los afectados y afectadas por iDental proceden de todos los territorios, teniendo en cuenta que tras su fundación, la empresa abrió 32 centros repartidos por la geografía española. La expansión fue posible gracias a su política de precios bajos y a una publicidad engañosa: se definían como “dentistas con corazón” que trataban “de acercar la odontología a todos los sectores de la población, incluyendo a las personas en exclusión social o en riesgo de padecerla” y prometían grandes descuentos gracias a tratamientos supuestamente subvencionados, lo que propició que gran parte de la población afectada por la atención recibida en este tipo de clínicas fueran parte de la sociedad más castigada por la crisis, y que ha propiciado la aparición de dos problemáticas:

La primera, relacionada con la precariedad económica de los afectados y afectadas que les impide afrontar en la mayor parte de los casos el peritaje forense que se necesita para iniciar una demanda, encontrándose sumidos en una situación de desprotección jurídica.

La segunda, tiene relación con la financiación de los tratamientos que ha llevado a estas personas al endeudamiento, viéndose en muchos casos pagando tratamientos que no han recibido.

Además los especialistas también señalan, que el carácter de franquicia de muchos de estos establecimientos dificulta los litigios a la hora de reclamar responsabilidades por parte del paciente.

Salamanca  ha contado con una clínica de iDental que fue cerrada en junio de este año. Desde entonces el Servicio Territorial de Sanidad de Salamanca está apoyando a los afectados para que puedan reclamar el historial clínico y la Oficina Municipal de Información al Consumidor, está asesorando y apoyando a las personas afectadas por el cierre de iDental, ofreciendo información y remitiendo las reclamaciones de los usuarios empadronados en la ciudad salmantina tanto frente a iDental como frente a las entidades financieras que han otorgado los créditos para sufragar el coste de los tratamientos. Algunas Comunidades Autónomas han firmado convenios con los Colegios de Odontólogos para la atención inmediata de las personas atrapadas en la estafa.

El número de afectados en Salamanca es de varios centenares, y en la OMIC, en el mes de junio de este año se habían atendido más de 600 peticiones. Además en el mes de junio se constituyó una Plataforma de Afectados en Salamanca para llevar una demanda colectiva.

 El Real Decreto 1907/1996 regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, este se queda circunscrito a ser una normativa de mínimos que constantemente es incumplida por las prácticas generadas en torno a la mercantilización de la salud que realizan estas clínicas.

Por ello, es necesario revisar la normativa actual en materia de publicidad e implementar las medidas que impidan que estas empresas hagan uso de una publicidad engañosa, en muchos casos, incentivadora del consumo, en otros y, la inmensa mayoría de las veces, alejada de los principios éticos y deontológicos que han de regir en cuestiones vinculadas a la salud.

La armonización de la normativa publicitaria con los principios de veracidad y ética se puede llevar a cabo por medio del Consejo Interterritorial asumiendo las funciones de regulación de los anuncios que se distribuyen en todo el país, como aconsejó hace unos meses el Senado.

Es prioritario armonizar las leyes y textos existentes teniendo en cuenta que la salud es un derecho protegido constitucionalmente y, por tanto, debe prevalecer y ser salvaguardado como derecho y debemos estudiar la conveniencia de que la salud buco-dental pase a formar parte de la sanidad publica. Países vecinos como Francia y

Portugal hacen un reembolso directo, llegando a cubrir hasta el 80% de los tratamientos dentales.

La sociedad nos exige la apertura de un marco de colaboración donde representantes públicos y de pacientes, profesionales y de las empresas dialoguen para acometer la labor de defender el derecho a universalizar la atención dental. Urge adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos y la salud de la población.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO:

  • Instar al Congreso de los Diputados y Diputadas a llevar a cabo las medidas legales necesarias para que los profesionales que trabajan en las clínicas dentales puedan llevar a cabo su ejercicio profesional en unas condiciones laborales adecuadas, respetando en todo momento sus derechos, mediante inspecciones y controles sanitarios.

  • Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento de la legislación que dicta que las autoridades sanitarias deben disponer de la debida autonomía en el diagnostico y el plan de tratamiento de los pacientes con el fin de proteger el derecho fundamental de la salud.

  • Instar al Gobierno del Estado a revisar el Real Decreto 1907/1996 que regula la publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria para evitar la publicidad de carácter mercantil en materia de prestación de servicios sanitarios.

  • Instar al Gobierno del Estado a vigilar el cumplimiento de la Ley de Sociedades Profesionales, para que la mayoría del capital social y del número de socios pertenezca a profesionales del sector y no a empresarios ajenos al mismo, impidiendo la existencia de Sociedades de Intermediación, si entre sus fines se encuentran la prestación de servicios sanitarios.

  • Instar al Gobierno del Estado y al gobierno de las Comunidades Autónomas a desarrollar las medidas necesarias para proteger a los pacientes que financien sus tratamientos de salud por anticipado.

  • Instar al Gobierno del Estado y al gobierno de las Comunidades Autónomas a hacer cumplir la armonización de la normativa publicitaria a los principios de veracidad y ética que debe llevar a cabo el Consejo Interterritorial con el fin de regular los anuncios que se distribuyen en nuestro país.

  • Instar al Gobierno del Estado a llevar a cabo las medidas legales necesarias para la inclusión de la salud bucodental en la sanidad pública.

  • Instar al Gobierno y a las CC.AA a destinar partidas presupuestarias concretas para paliar la situación actual de desamparo de los afectados y afectadas, incluyendo convenios con los Colegios de Odontóligos para la atención inmediata de las personas atrapadas en la estafa.

En Salamanca, a 28 de diciembre de 2018

Todos los grupos municipales se unieron a la propuesta, proponiendo modificaciones leves del texto para que el mismo fuera aprobado de forma conjunta.