MOCIÓN CONJUNTA DE TODOS LOS GRUPOS MUNICIPALES PARA LA HABILITACIÓN NORMATIVA POR EL GOBIERNO QUE PERMITA LA  REINVERSIÓN DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO EN POLÍTICAS GENERADORAS DE EMPLEO EN LA CIUDAD DE SALAMANCA

MOCIÓN APROBADA POR UNANIMIDAD
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 1/2018 –
9/2/2018

Texto de la moción:

La Corporación municipal del Ayuntamiento de Salamanca, reunida en Pleno de 30de diciembre del año 2016, aprobó por unanimidad un texto de moción, a
propuesta del Grupo Municipal Socialista, que tenía como objetivo propiciar la reinversión del superávit presupuestario municipal en políticas generadoras de empleo y fortalecimiento del Estado del Bienestar, instando al Gobierno de España a articular la correspondiente legislación que lo posibilitara. En estos momentos se reproducen circunstancias similares a las de finales del año 2016 que, en esta ocasión, se concretan en la no aprobación de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con la consiguiente prórroga presupuestaria. Este escenario, que se repite nuevamente, obliga a reiterar los argumentos y la  petición al Gobierno de España para el fin pretendido.

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) recogió las tres reglas fiscales de obligado cumplimiento para el conjunto de las administraciones públicas españolas: estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto.

El artículo 11.4 de la LOPESF señala que “las Corporaciones Locales deberán mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario”, mientras que el art 32, referido al destino del superávit, señala que “éste se destinará a reducir el nivel de endeudamiento”.

La ley 9/2013 de deuda comercial, modificó la ley para permitir que los Ayuntamientos que cumpliesen una serie de requisitos pudieran destinar el superávit obtenido en un ejercicio presupuestario a inversiones financieramente sostenibles, una definición de inversiones que recogió el Decreto-Ley 2/2014, de 21 de Febrero, introduciendo una nueva Disposición Adicional 16ª .en el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Sin embargo, esta excepción no dio satisfacción a las demandas municipales, pues seguía restringiendo la posibilidad de utilizar el superávit solo para determinadas inversiones, y no permitía destinarlo a otro tipo de gastos necesarios.

A lo largo de estos años, esta situación ha traído consigo una paradoja: los ayuntamientos son la única administración en superávit presupuestario, están saneados y cumplen sus objetivos, pero no pueden invertir ese ahorro en cuestiones tan acuciantes como la generación de empleo, los servicios sociales municipales,…

En estos momentos, la administraciones locales se han convertido en las más cumplidoras con los objetivos marcados en estabilidad presupuestaria: la deuda local llegó en el año 2016 al objetivo del 3% fijado para 2020, con cuatro años de adelanto. A falta de la liquidación presupuestaria de 2017 del conjunto de las administraciones públicas, se estima que el superávit de las Entidades Locales estará en torno a los 6.000 millones de euros –al cierre del tercer trimestre de
2017, y, según datos de la Intervención General del Estado, el superávit de las Corporaciones Locales se situaba ya en 5.900 millones de euros-, aportando al
cómputo total de España más de medio punto del PIB, compensando el exceso de déficit del Estado, cumpliendo con el techo de gasto y pagando en plazo a los proveedores.

Recientemente, el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en una comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, aseguró que el Gobierno estaba estudiando “otras fórmulas” para garantizar la subida salarial de los empleados públicos en 2018 sin esperar a la aprobación y entrada en vigor de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En la expresión “otras fórmulas” ha trascendido que esta subida salarial podría articularse a través de la figura del Decreto-Ley, contemplada por la Constitución española en el artículo 86 para su uso por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, a convalidar por el Congreso de los Diputados en un plazo no  superior a treinta días. En este sentido, y sin entrar a valorar el concreto anuncio del Gobierno, sí parece oportuno plantear el recurso del Decreto-Ley para habilitar el uso del superávit presupuestario de las Corporaciones Locales tras la liquidación presupuestaria de 2017, y facilitar su destino a inversiones, políticas de empleo y de fortalecimiento del Estado del Bienestar, antes de la aprobación y entrada en vigor de los próximos Presupuestos Generales del Estado del año 2018.

Esta posibilidad de habilitar a través de un Decreto-Ley del Gobierno el uso del superávit presupuestario municipal antes de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, permitiría la puesta en marcha de importantes inversiones en la ciudad de Salamanca, lo que contribuiría a la generación de  actividad económica y, por tanto, de empleo. Y ello, con una adecuada planificación de las inversiones, mejoraría el grado de ejecución de las mismas.

Además, es imprescindible que el Gobierno central escuche, y sea sensible a las reivindicaciones de los Ayuntamientos, cuyas demandas son justas, razonables y necesarias para seguir poniendo los intereses de los vecinos por delante de cualquier otro, y continuar llevando a cabo inversiones, y fortaleciendo el Estado de Bienestar. No debe olvidarse que los gobiernos locales son la administración más cercana a los ciudadanos, y tras los años duros de crisis y restricciones presupuestarias, el Gobierno no debe seguir poniendo trabas a su labor en la prestación de servicios públicos de calidad.

Por lo expuesto, los Grupos Políticos Municipales, al amparo de lo establecido en el artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca, proponen al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos:

1. Instar al Gobierno de España a que permita a las entidades locales la reinversión del superávit de 2017 en 2018, a través de una autorización legal, mediante la aprobación por el Ejecutivo de un Decreto-Ley, que posibilite dicha reinversión sin esperar a la aprobación y entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018”.

2. Dar traslado de los presentes acuerdos al Ministerio de Hacienda y Función Pública del Gobierno de España, y a la FEMP.