Las actuales ordenanzas municipales recogen un sistema muy burocrático, restrictivo y costoso para los ciudadanos, en cuanto a los trámites para apertura y transmisión de negocios.

De hecho, el sistema municipal, es más rígido que el régimen establecido en las leyes, en concreto la Ley 11/2003 de Prevención Ambiental que regula las autorizaciones, licencias y comunicaciones ambientales y conforme las prescripciones de mayor libertad establecidas por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de Diciembre de 2.006, relativa a los servicios en el mercado interior y la Ley 25/2009, de 22 Diciembre, Omnibus.

Las propuestas de nuestro grupo, registradas en el Ayuntamiento el 14 de septiembre de 2016, y que fueron rechazadas mayoritariamente por los grupos municipales PP-Cs y PSOE, pretende llevar cabo los siguientes cambios del actual régimen de las actividades en nuestra ciudad.

1. Supresión del doble control administrativo.

En la actualidad, las PYMES tienen que solicitar una licencia de actividad y posteriormente una nueva licencia de apertura, para acreditar que la actividad proyectada se corresponde con la realidad. Este doble control no existe en nuestro ámbito europeo, y encarece los costes y plazos de apertura de forma injustificada.

Los técnicos municipales y los servicios de inspección de los distintas administraciones son quienes deben velar por que la normativa sectorial se cumple en la realidad, y no en los papeles. Por ello, Ganemos Salamanca proponemos eliminar este doble control y empezar por no obligar a solicitar licencia a las pequeñas actividades económicas que la misma Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León no exige.

Y es que en la actualidad la ordenanza municipal de prevención ambiental recoge la necesidad de obtener licencia ambiental de actividades que según la ley regional solo requerirían comunicación, como pequeños talleres y oficinas. La propuesta realizada es ceñirse a la normativa regional, de forma estricta, sin excepcionar determinadas actividades del anexo V de la Ley 8/2003. El Ayuntamiento finalmente aprobó nuestra propuesta de cambiar el régimen de licencia a comunicación, aunque mantiene el doble control administrativo, por lo que en realidad, apenas se ha mejorado.

2. Derogación íntegra de la Ordenanza nº19 de Actividades Inocuas. Esta normativa se encuentra obsoleta y obliga a realizar numerosos trámites y presentar documentación a actividades “inocuas”, por lo que no estaría justificado dicho control. Las actividades que actualmente se encuentran bajo este régimen pasarían a regularse por la nueva Ordenanza de Actividades y Prevención Ambiental, por lo que aquellas sin impacto pasarían a un régimen de comunicación, mientras que aquellas con moderado impacto requerirán de licencia ambiental.

3. Simplificación de la normativa municipal, pues actualmente existen varias ordenanzas que regulan de forma análoga las actividades económicas en nuestra ciudad y en desarrollo de las mismas leyes, generando una duplicidad que dificulta la interpretación. Para ello, proponemos la supresión del Titulo II sobre procedimientos de concesión y transmisión de licencias, comunicaciones de inicio de actividad y emisión de declaraciones de conformidad de la Ordenanza nº18 de Establecimientos Públicos.

4. Nueva Ordenanza General de Actividades y Prevención Ambiental que sustituiría a la actual Ordenanza nº17 de Prevención Ambiental donde quedarían enmarcados los dos regímenes actuales de licencia y comunicación, según impacto de la actividad: moderado con necesidad de licencia ambiental, escaso e inocuo necesidad de comunicación ambiental, incorporando el régimen general de infracciones y sanciones existente en la ordenanza de actividades inocuas.

5. Regulación del derecho a entregar copia en formato digital de la documentación, y no como una obligación impuesta por el Ayuntamiento, quien deberá facilitar la digitalización de la documentación de las personas que acrediten dificultades.

6. Supresión de las certificaciones técnicas de cumplimiento de lo proyectado. El Ayuntamiento ya recogió nuestra propuestas de sustituir proyecto técnico por memoria, así como la supresión del visado, si la normativa sectorial lo permitiera.

7. Facilitar el acceso a la vía judicial manteniendo la terminación de los procedimientos sancionadores por pronto pago modificando la propuesta inicial presentada en la cual el pronto pago lleva aparejado el reconocimiento de la responsabilidad, disuadiendo al ejercicio al derecho fundamental de acceso a la tutela judicial efectiva.

8. Supresión de la aportación de documento original de permiso de residencia en transmisiones de negocios, al no estar justificada su exigencia por parte del Ayuntamiento.