TEXTO DE LA MOCIÓN

La independencia política del funcionariado es un principio básico democrático de respeto a la legalidad, la objetividad, la profesionalidad y la imparcialidad que, sin embargo, en los últimos años, ha sufrido gran menoscabo por parte del poder político, siendo uno de los instrumentos utilizados para coartar esta independencia la provisión de puestos de trabajo a través del sistema de libre designación.

Esta figura de provisión tiene su origen en la facilitación de la dirección política de la Administración, dado que la Administración debe servir de instrumento popular, para lo cual no cabe si no aceptar la existencia de una cadena de mando donde el primer eslabón son los cargos electos democráticamente, que deben estar asesorados por funcionarios independientes, técnicos competentes, que además deben implementar las políticas determinadas por los órganos de gobierno.

Sin embargo, el sistema de libre designación en la actualidad ha derivado en una discrecionalidad absoluta y una mera  colocación de funcionarios afines personal o políticamente, con lo que la capacidad técnica no queda garantizada, ni la experiencia en el ámbito específico del puesto, necesaria para no ser meramente un cargo de mera confianza. Además, se ha llegado a extender este sistema de provisión a los niveles de simple gestión y simple dirección administrativa o de mando. Es decir, nos encontramos con unas Administraciones públicas claramente politizadas y unos funcionarios con clara dependencia del poder político.

Por otro lado, en la cobertura temporal de puestos con personal propio de la Diputación de Salamanca, ésta viene recurriendo de forma mayoritaria a la Comisión de Servicios voluntaria, si bien en otras ocasiones se utilizan otras figuras tales como el nombramiento de funcionarios interinos y atribuciones temporales de funciones.

Se observa igualmente que en muchas ocasiones no se ofrece al personal fijo la posibilidad de ocupar provisionalmente puestos vacantes de mayor nivel, recurriendo directamente a personas externas (ya sea de bolsa de empleo, ya de oferta genérica). Se da la circunstancia de que finalmente empleados fijos de categorías inferiores se ven en la tesitura de enseñar y asistir al personal provisional con categoría y sueldos superiores, cuando debería aprovecharse y premiarse la experiencia y el conocimiento adquiridos.

También observamos en otras ocasiones que se recurre al sistema de oferta genérica de empleo ante el ECYL, obviando los principios más básicos del acceso al empleo público, como los de publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia y adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

Y es que en los tiempos actuales en el que nos esperan importantes cambios científicos, tecnológicos y sociales, la Diputación de Salamanca debe disponer tanto de una plantilla de personal motivada y competente, como de una organización administrativa capaz de dar respuesta eficaz a las necesidades y expectativas de la ciudadanía.

Contamos con un sistema de personal segmentado y estratificado, provocado por la concurrencia de varias circunstancias: un modelo de recursos humanos abierto, basado en el sistema de puestos de trabajo, de facto inaplicado, por complejo; una configuración organizativa estamental, caracterizada por la multiplicidad y variedad de servicios; la existencia de un notable componente de conflictividad social; revuelto jurídico de funcionarios/laborales sin responder a criterio concreto; una gestión de personal rígida, en base a categorías subjetivas (plazas) y la no identificación de una Función Pública Local, entre otras.

Por tanto, se hace preciso abordar de forma seria los problemas de falta de productividad, la conflictividad laboral y la ausencia de motivación, para lo cual sería imprescindible poner en marcha un Plan Estratégico de Recursos Humanos de carácter integral y realizado con técnicas participativas en toda su extensión, partiendo de un diagnóstico interno en profundidad de la Diputación de Salamanca y del personal de esta institución pública que requerirá de varios períodos diferentes para su conclusión final y en el que deberían participar no solo el equipo del departamento de RRHH, las jefaturas de los servicios y la representación sindical, sino también la totalidad de los componentes de la plantilla, mediante su participación en cuestionarios, grupos de discusión y entrevistas personales, conjugando técnicas cuantitativas y cualitativas basadas en la sociología en todo el desarrollo del proceso complementadas con técnicas participativas de dinamización social orientadas a la implicación, transformación y el cambio social organizacional.

Por lo expuesto, el grupo político Ganemos Salamanca propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

Primero.- Excluir la utilización de la libre designación como forma habitual de cobertura de puestos de trabajo en esta Diputación y, en todo caso, eliminar radicalmente esta forma de cobertura en los puestos de funcionarios de habilitación nacional, tales como Secretario, Tesorero e Interventor, reconociendo la absoluta excepcionalidad de dicha figura, disponible únicamente para casos de especialísima singularidad del perfil profesional, exigiéndose una amplia motivación tanto del uso puntual de dicho sistema, como de la concreta elección realizada, garantizándose en todo caso el máximo nivel de mérito, capacidad, especialización y conocimiento de la gestión y de la normativa específica del puesto a desempeñar.

Segundo.- Elaborar un reglamento sobre la forma de provisión temporal de puestos en el que se establezcan medidas que favorezcan la promoción interna y la necesidad de realizar convocatoria pública con un plazo de presentación de solicitudes, unos criterios objetivos de selección y un tribunal imparcial, con sometimiento a los  principios de publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia, adecuación de contenidos, agilidad, igualdad, mérito y capacidad.

Tercero.- Implantar un Plan Estratégico Integral de Recursos Humanos realizado con técnicas participativas y de dinamización social en el cual se implique tanto en el diagnóstico como en el proceso de implantación a toda la plantilla de la Institución, además de a los grupos políticos, a las direcciones de las Áreas y a la representación sindical.