El pleno de hoy ha despertado mucha expectación. En el orden del día estaba planteado un aspecto muy polémico pero esencial para la provincia: la puesta en marcha de la mina de uranio en Retortillo y la existencia de las suficientes garantías financieras para la protección del medio ambiente antes del inicio de la actividad, entre otros asuntos. De hecho, varios integrantes de las plataformas contrarias a la mina se manifestaron a la puerta del Palacio de La Salina y estuvieron presentes cuando se debatió el asunto. Os contamos a todas y todos lo que ha sucedido en el Pleno de #StopUranio.

Enésima modificación de los presupuestos

El Partido popular ha realizado diez modificaciones en los últimos cinco meses, tras la aprobación de los presupuestos. ¿Eran necesarias tantas modificaciones? De ser así, ¿acaso los presupuestos se realizan sobre la marcha, independientemente de lo que se decidamos los grupos políticos? Hemos hecho constar que estas modificaciones dan muestras de una total ausencia de planificación y una escasa transparencia, que constituyen un engaño a la ciudadanía sobre un presupuesto que es irreal, que está sobrevalorado un 20% y cuya última modificación tan solo constituye un episodio más de este engaño.

Ciudadanos también coincide en que existe falta de previsión en la mayoría de las inversiones. El PSOE sólo se muestra de acuerdo con el dinero que se destinará a la renovación de carreteras (8.500.000€)

El Partido Popular negó la mayor en lo relativo a transparencia. Para el equipo de gobierno en La Salina no ha exsitido ni existe falta de transparencia, algo que Ganemos afrima rotundamente: ¿Acaso es transparente no informar de lo que van a gastar cuando debían hacerlo, es decir, a la hora de presentar el presupuesto? Hablar de modificaciones presupuestarias a 31 de mayo de 2017 no parece munestra de mucha planificación. Por todo esto votamos abstención.

Utilización partidista de la web institucional.

Todos los grupos de la oposición presentamos una moción conjunta, en la que solicitamos que el Partido Popular deje de utilizar el portal web de la Diputación Provincial como una plataforma de “autobombo”, donde se muestren únicamente los “logros” de su grupo, silenciando y ninguneando la actividad y las iniciativas del resto de grupos políticos. Esta práctica contraviene la Ley de Publicidad Institucional y habla muy a las claras de lo que, desde el equipo de gobierno se entiende por representatividad democrática, equilibrio y utilización (partidista) de los recursos públicos  y las instituciones.

El Partido Popular confunde, no sabemos si consciente o inconscientemente, un portal web de información institucional con un periódico digital de titularidad pública, haciendo un uso partidista del mismo. Ganemos Salamanca podríamos estar dispuestos a discutir e incluso aceptar que la Diputación pusiera en marcha medios públicos de comunicación de carácter digital, pero siempre bajo los principios generales de independencia, neutralidad u objetividad, garantizando el acceso de los grupos sociales y políticos significativos, y no sólo del equipo de gobierno, lo que es lamentable y debería causarles sonrojo, por tratarse de una utilización partidista evidente de los medios públicos, con la excusa de proporcionar información institucional.

Nuestro grupo, ante la posición del Partido Popular iniciará la vía administrativa procedimental correspondiente, establecida en el art. 9 de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, antes de iniciar la vía judicial que no tenemos problema en iniciar, para resolver este tipo de controversias. La moción es rechazada por el voto contrario de la agrupación popular.

Desmantelamiento de Garoña y el rechazo a la imposición de tributos

La moción presentada por el PSOE, que puede consutarse en este enlace, pretende facilitar el desmantelamiento de la Central Nuclear de Garoña, adoptando todas las medidas necesarias de seguridad contempladas por la legislación vigente. También busca ponerse al establecimiento de cualquier impuesto, tasa o tributo especial por el desmantelamiento de la Central Nuclear de Garoña. Asímismo, al desmantelamiento de cualquier actividad de las mismas características instalada en la Comunidad Autónoma.

En esta segunda cuestión no podemos estar de acuerdo. Ganemos podría coincidir en rechazar una “tasa” o impuesto específico cuyo único fin fuera impedir el cierre, pero desde luego no podemos rechazar cualquier tipo de tributo por desmantelamiento de instalaciones nucleares o similares, puesto que estas empresas se han visto privilegiadas por muchos años de beneficios extraordinarios, sin hacer frente a los costes externos asociados a su actividad, dañina en extremo para la salud de la población. Por estas razones, si se mantiene tal formulación, nuestro grupo nos abstendremos, pues estamos a favor de aumentar los impuestos verdes a las nucleares, precisamente como la Unión Europea lleva pidiendo años, debiéndose matizar la propuesta, incluyendo expresamente esta petición, para que fuera aceptada globalmente por nuestra agrupación.

WiFi en la Diputación y seguridad vial para motoristas

Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, la Diputación no cuenta aún con señal inalámbrica para el acceso a Internet en sus dependencias. La necesidad urgente de instalarla ha sido una de las demandas que Ganemos hemos hecho con insistencia desde nuestra llegada al Palacio de La Salina. Ciudadanos ha presentado una propuesta con la que coincidimos plenamente, pues obliga a la Diputación a subirse al tren de los tiempos. El Partido Popular ha informado de que, desde que el grupo Ganemos lo solicitó, se lleva trabajando para implementar la señal WiFi, destinando una partida presupuestaria específica a tal efecto, por lo que en las próximas semanas se llevará a licitación el contrato correspondiente.

También votamos favorablemete otra moción de Ciudadanos que nos parece muy razonable: señalizar preventivamente los tramos que pueden ser peligrosos para los motoristas, especialmente en la Sierra y las Arribes por su carácter turístico, su mayor afluencia de tráfico y su índice más alto de accidentalidad. La propuesta también comprende la realización de un estudio integral de toda la red de carreteras dependiente de la Diputación para identificar, analizar y evaluar los puntos con más déficit en seguridad para reformarlos o sustituirlos adecuadamente.

La mina de uranio en Retortillo y Berkeley Energía S.L.

Con integrantes de plataformas anti minería de uranio en la puerta de la Diputación se votaba una moción presentada por Ciudadanos que demandaba el cumplimiento de todas las garantías financieras por parte de Berkeley antes de iniciar la actividad minera en Retortillo. Nuestro grpo también presentó una moción en la que solicitamos a la Diputación que se posicione en contra del interés público de la mina de Uranio y que apoye la declaración contraria a su instalación y firmada recientemente por más de una veintena de alcaldes de la zona oeste de Salamanca.

Consideramos que la apertura de una instalación radiactiva de primera categoría en España supone una vuelta atrás en el desarrollo de toda la comarca salmantina del Campo Charro, siendo contraria a las prioridades que este mismo gobierno ha establecido, entorno al turismo, la agricultura y la ganadería y el medio ambiente. La energía nuclear está en franco retroceso frente a las energías renovablesy el mundo se ha dado cuenta de los problemas que conlleva el uso de ese tipo de tecnologías (Chernobyl, Fukusima).

Pero esta empresa minera sigue empeñada en abrir minas de uranio en el oeste de Salamanca (tiene más de veinte permisos de investigación en nuestra provincia). En el caso de la mina prevista de Retortillo-Santidad se trataría de una instalación con un impacto ambiental irreversible en una zona de alto valor ecológico. El río Yeltes y sus márgenes es Red Natura 2000, y ese espacio protegido a nivel comunitario será atravesado por la cinta transportadora de mineral procedente de Villavieja para tratarlo en la Planta de Retortillo.

La repercusión en la salud de los habitantes de la zona no ha sido evaluada en la Declaración de Impacto Ambiental aprobada por la Junta de Castilla y León, como es obligación según la normativa española y europea. Los antecedentes que conocemos de este tipo de explotaciones no auguran nada bueno para las personas que viven en el entorno de la mina, pues es de sobra conocido que el tratamiento del uranio conlleva riesgos sanitarios en las poblaciones cercanas a este tipo de instalaciones. Quienes están a favor de la mina argumentan que creará empleo en la zona, pero la misma empresa minera reconoce que de los 200 trabajadores que contará la mina sólo el 10 % serán personal no cualificado que puede proceder de los municipios cercanos. Además la vida útil de la mina es muy limitada en el tiempo, la duración prevista es de 10 años.

Lo que no dice la empresa son los empleos que destruirá. Hay 65 personas trabajando en el Balneario de Retortillo, situado a menos de 1 km. de la mina, que ven peligrar su puesto de trabajo. La actividad agrícola-ganadera también va a quedar dañada, pues hay serios riesgos de que la ganadería se contamine con una radiactividad excesiva y no podrán superar los productos cárnicos derivados los controles sanitarios pertinentes. El turismo también es una fuente de ingresos que quedará condicionada por la actividad minera. En definitiva, la imagen negativa asociada al funcionamiento de una mina de uranio caería como una losa sobre esta parte de Salamanca.

La Diputación Provincial de no puede dar la espalda a una decisión tan trascendente como esta, pues le afecta directamente porque es la institución que debe garantizar los derechos y la prestación de servicios públicos a los vecinos de la provincia, además de encargarse de la asistencia a los municipios y por tener que formar parte de la decisión sobre la autorización de cambio de uso del suelo solicitada por la empresa privada Berkeley Minera, por su cualidad de miembro de la Comisión Territorial. Esta decisión no se encuentra predeterminada por la concesión minera, como se hace pretender creer. La declaración de utilidad pública minera tiene su origen en una legislación preconstitucional. En los Estados democráticos avanzados las decisiones sobre este tipo de actividades deben tomarse de común acuerdo con las poblaciones locales, cuyo futuro y desarrollo se ve afectado directamente por las mismas, frente al interés lucrativo cortoplacista de las empresas privadas.

Ayuntmientos sin secretario e interventor

En el pleno día 23 de diciembre de 2016 la Diputación decidió por unanimidad “instar al Gobierno de España a promover, por el método legal que corresponda, de habilitados de secretaría-Intervención suficientes para atender adecuadamente la gestión diaria de los municipios”; “proveer y prever un sistema de sustituciones eficiente para atender las necesidades y urgencias que puedan surgir”; y que la Diputación Provincial de Salamanca reforzara, mejorara e hiciera “las reformas o contrataciones de personal suficientes para atender todas las necesidades de secretarios-interventores de la Provincia de Salamanca.”

Estas medidas son necesarias pero, en el marco de actuación de esta Diputación, resultan insuficientes para solucionar el problema que afrontan los pequeños municipios cuando no disponen circunstancialmente de Secretario/a Interventor/a. No está en manos de la Diputación legislar sobre la forma de provisión tanto definitiva como temporal de los puestos, pero sí tiene la responsabilidad de prestar el apoyo necesario para que los municipios tengan cubiertas los servicios básicos. Un Ayuntamiento no puede realizar sus competencias sin secretario o sin interventor: no se pueden adoptar resoluciones, acuerdos, aprobar presupuestos o cuentas, realizar contratos, reconocer obligaciones, realizar pagos, tramitar expedientes urbanísticos, et. etc. El Ayuntamiento queda bloqueado, afectando tal bloqueo de forma directa a la prestación de todos los servicios municipales.

La Diputación no puede quedarse impasible ante tal situación, y puede comprobarse que se deniegan un gran número de solicitudes, bajo la excusa de que el Ayuntamiento debe proveerse del funcionario correspondiente por otros sistemas previstos en la normativa sobre funcionarios con habilitación nacional; y que las solicitudes que se conceden restringen el servicio a un solo acto. Los miembros de la Corporación municipal habitualmente no conocen el modo de proveer el puesto de Secretaría Intervención. Se argumenta que el Servicio de ATM realiza asesoramiento a quien se lo pide. Sin embargo, tal asesoramiento no es suficiente, el Ayuntamiento tendría que contar con personal que ejecute los pasos para realizar la tramitación y cubrir sus necesidades de funcionamiento mientras la cobertura se produce.

Es del todo insuficiente la restricción a actos tan puntuales como los recogidos en los decretos de concesión. El funcionamiento del Ayuntamiento exige la disposición efectiva del funcionario habilitado para el conjunto de la actividad que debe desarrollar, es decir, para una pluralidad de actuaciones, durante el período en que se halla sin el funcionario habilitado. Se afirma que tal limitación viene impuesta por la norma, en concreto por el artículo 36 del Decreto 1732/1994. El precepto no prohíbe el comisionado en caso de vacante y, por otro lado, la situación de vacante puede entenderse comprendida dentro del término “ausencia”. Además, respecto de la extensión del comisionado, no obliga a que sea para un solo acto, pues utiliza la expresión “por el tiempo imprescindible”, lo que conlleva a amparar una pluralidad de actuaciones durante un período de tiempo. La duración de este período estará necesariamente condicionada al tiempo en que se tarde en solucionar la falta de empleado público que desarrolle el puesto a través de los sistemas de provisión que estén regulados

Proponemos modificar el Reglamento del Servicio de Asistencia Jurídica, Económica y Técnica a Municipios de esta Diputación, aprobado por el Pleno Provincial en sesión celebrada el 26 de febrero de 2015, recogiendo la obligación de prestar el servicio, aumentando la extensión temporal y material, además de los supuestos en que se ha de conceder, de tal forma que permita garantizar una más amplia y flexible prestación, en garantía del funcionamiento de los Ayuntamientos afectados. Y también solicitamos suscribir un convenio de colaboración con el Colegio de Secretarios-Interventores que permita la disposición de habilitados nacionales para aquellas circunstancias en que no pueda ser prestado por los funcionarios de la Diputación.

MOCIONES DE URGENCIA

  • Declaración institucional sobre el Sahara Occidenta

  • Moción GS para la mejora del programa “Noches de Cultura”, mediante creación de una convocatoria abierta a todos los municipios de la provincia en concurrencia competitiva y acabar con las vergonzsas componendas entre diputados de zona para seleccionar los municipios beneficiados


RUEGOS

  • Ruego se mejore el programa “Noches de Cultura”, mediante creación de una convocatoria abierta a todos los municipios de la provincia en concurrencia competitiva.