MOCIÓN DE URGENCIA DEL GRUPO GANEMOS SALAMANCA PARA MOSTRAR EL RECHAZO A LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL SUPREMO DE  SOBRE EL IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS Y PARA IMPULSAR UNA MODIFICACION LEGISLATIVA SOBRE DICHO IMPUESTO

El pasado día 18 de octubre, por sentencia de la Sala Tercera del  Tribunal Supremo, se estableció la doctrina de que serán los bancos quienes deben de pagar, como sujetos pasivos, el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados que grava la constitución de los préstamos hipotecarios.

Al día siguiente el Sr. Luis María Diez-Picazo, Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo -a cuya presidencia accedió de forma muy sospechosa, impulsado por el Sr. Caros Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial- suspendía de manera insólita el fallo de la Sala Tercera por su “grave repercusión económica y social” y aplazaba la decisión final para el Pleno que se celebraría el 5 de noviembre.  Al fin, el día de ayer, 6 de noviembre, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo –convocado de forma irregular– ha enmendado la doctrina consolidada por la sección del Tribunal, experta en materia tributaria,  dando marcha atrás, presionado por la banca, decidiendo que sea el cliente el que pague el impuesto de las hipotecas.

Sin duda hemos asistido a una de las maniobras que más claramente han evidenciado la subordinación del Poder Judicial ante los intereses de la banca privada. Pero, además, y según fuentes del propio Tribunal Supremo, de forma bochornosa, pues, si bien ya se dio muy mala imagen cuando Diez-Picazo decidió convocar el Pleno tan sólo 24 horas después de la notificación de la sentencia de la sala tercera, una vez que aquella resolución no se había avocado al Pleno con anterioridad a fijar el criterio, se debería haber evitado convocar un pleno de manera inmediata.

Estas mismas fuentes explican que existe un problema: la sentencia del día 18 anulaba el artículo 68 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 825/1995, de 29 de mayo (establecía que el prestatario es el sujeto pasivo del impuesto), y sigue anulado, porque el Pleno no puede modificar las sentencias firmes. Luego, la doctrina del Tribunal Supremo va a permitir seguir aplicando un artículo anulado. En este sentido, pues ni existe norma legal alguna que otorgue competencia a un Pleno de Sala del Tribunal Supremo para dejar sin efecto una sentencia firme, ni el Supremo tiene competencias para valorar la ‘repercusión’ de sus sentencias: debe limitarse a aplicar estrictamente la ley y dejar que sean los poderes públicos competentes, en este caso el Poder Legislativo o el Ejecutivo, quienes valoren los efectos de esas sentencias y adopten medidas políticas si ello se entendiera necesario.

Pero es que cuesta entender una resolución que pone los intereses de las entidades financieras por encima de los intereses de los ciudadanos. Los bancos cada año multiplican sus beneficios y los salarios de sus directivos, mientras la ciudadanía ve cómo se empobrecen sus condiciones de vida, entre otros motivos por habernos obligado a pagar multimillonarios rescates bancarios, de los que todavía no han devuelto nada. Esta es la independencia judicial con que se le llena la boca a muchos para justificar según qué sentencias. Esta se entiende, más bien, como “dependencia” de los intereses de los poderes fácticos más poderosos, que hacen arrodillarse y humillarse a los ciudadanos de a pié. Un ataque, en toda regla, a la dignidad de los que ven cómo sus recursos cada vez dan para menos, incluso para atender las necesidades más básicas.

Por todo ello, el grupo municipal  Ganemos Salamanca, propone al Pleno la adopción del siguiente ACUERDO

PRIMERO.- Mostrar el rechazo a la inaudita y bochornosa decisión del Tribunal Supremo de anular la doctrina jurisprudencial creada por sus propias sentencias, relativas al sujeto pasivo del IAJD, instando a todos los grupos parlamentarios para que impulsen un cambio legislativo, invirtiendo el sujeto pasivo en el caso de los préstamos con garantía hipotecaria.

SEGUNDO.- Instar al Consejo General del Poder Judicial y a las Asociaciones Profesionales de Juezas y Jueces para que investiguen las maniobras  realizadas por el Presidente, Presidente de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo con los responsables de entidades financieras y que están en el origen de esta actuación vergonzosa y, si hubiere lugar, se proceda a la dimisión de los responsables.