En el último pleno celebrado el pasado, viernes, 9 de noviembre, el PP en el Ayuntamiento ha vuelto a demostrar su viraje hacia la extrema derecha en sus intervenciones, incluso con tintes claramente dictatoriales y olvidándose de los problemas reales de la ciudadanía, como el empleo, la vivienda o la desindustrialización. De hecho, llegaron a sugerir abiertamente su intención de suspender derechos constitucionales, como la libertad de expresión.

En este sentido, incluso el PP, con el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, a la cabeza censuró en varias ocasiones intervenciones de la oposición, cuando por ejemplo ordenó al secretario retirar partes de la intervención del edil Gabriel de la Mora, respecto a cuestiones de orden o, posteriormente, de la concejala Pilar Moreno, cuando en una de sus intervenciones expresó, dirigiéndose al PP, que “luchan con Cs y Vox por hacerse con un puñado de votos, los de quienes se unen por una bandera o por no poder decir ‘me  cago  en Dios’”, momento en el que el alcalde la interrumpió para que retirara dicha expresión popular, utilizada sin ningún tipo de ánimo de ofensa, sino como ejemplo de una de las prohibiciones que partidarios de ambos partidos estarían dispuestos a implantar, recordando a tiempos oscuros de la Dictadura franquista de la que parecen sufrir nostalgia, cuando la blasfemia se consideraba un delito.

Julio López Revuelta, concejal de Cultura del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca: “no hará falta quitar los lazos amarillos si prohibimos ponerlos”

Sin embargo, el momento álgido de este viraje dictatorial y ultraderechista se vivió cuando el portavoz municipal del PP y edil de Cultura, Julio López Revuelta, confesó que “no hará falta quitar los lazos amarillos si prohibimos ponerlos”, dando prueba de su interés en prohibir las libertades públicas y derechos fundamentales garantizados en la Constitución Española, y en un sentido muy similar a su líder Pablo Casado, quien en estos días ha llegado a equiparar los escraches de la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas, considerados por los tribunales como el ejercicio de libertades públicas, con la intención del presunto francotirador ultraderechista detenido esta semana que pretendía atentar contra el Presidente del Gobierno.