La despoblación es la problemática más importante de nuestra región, por lo que es deseable facilitar la inmigración de los jóvenes y las familias que quieran asentarse y fijar su residencia, suprimiendo trabas ilegales, injustas y discriminatorias a las personas extranjeras y fomentando políticas activas de regularización, sensibilización e integración de la población inmigrante.

I. Despoblación e inmigración

La ciudad y la provincia de Salamanca sufren desde hace décadas una despoblación imparable. Una problemática de gran magnitud que está impidiendo el desarrollo e incluso el mantenimiento de los servicios públicos. Esta realidad es mucho más visible en el medio rural y en los pueblos, en los que todos los años se vienen cerrando escuelas y donde se mantiene a duras penas una población muy envejecida.

La inmigración representa, en estas circunstancias, una oportunidad de evitar el colapso económico, social y ambiental de nuestra región, favoreciendo el mantenimiento de los servicios públicos o el pago de las pensiones, entre otros aspectos positivos, reconocidos incluso por los economistas más liberales y conservadores y que no se le pueden escapar a cualquier observador razonable, que pretenda estar bien informado de la realidad.

Entre los aspectos negativos, se encuentras las dificultades culturales y de convivencia, y en algunas ocasiones se intenta destacar un supuesto incremento del gasto público, lo cual es una falacia refutada en numerosas ocasiones por los distintos estudios realizados, al menos en nuestro país. Según el más conocido, “Inmigración y Estado de bienestar en España“, entre el año 2000 y 2005, el 50% del crecimiento del PIB en España fue como consecuencia de la presencia de los inmigrantes; y de una población de extranjeros del 12,2% del total de la población española en 2011, resulta que únicamente absorbieron el 6,8% de los servicios sociales, el 6,1% de los gastos educativos o el 5,1% de la sanidad, es decir, en el período de estudio gastaron mucho menos de lo que les correspondería y el impacto neto general para la economía y el estado del bienestar fue muy positivo.

Por eso, claman al cielo las dificultades y trabas que las personas extranjeras sufren, cuando manifiestan su interés por establecer su residencia legal en nuestro país. Sin embargo, y especialmente en nuestra región donde el gran problema es la despoblación, estas políticas representan un auténtico disparate, además de ser claramente contrarias a los derechos humanos.

Migraciones y políticas de extranjería

La responsabilidad principal sobre la política de migraciones es de las autoridades estatales, quienes han promulgado unas leyes de extranjería cuyo fin real es realmente dificultar la inmigración y el asentamiento de la población extranjera en nuestro país. En una de las últimas reformas legales, por ejemplo, se incluyeron multas a quienes ayudaran a personas extranjeras en situación irregular, criminalizando la solidaridad; otro disparate contra los derechos humanos, y hoy todavía vigente.

Y es que en los últimos años la xenofobia han aumentado en nuestro país, aunque muchas veces se comente el supuesto escaso avance de los partidos ultras. En realidad sí existe un partido de extrema derecha con representación en las instituciones. Es un partido que gobierna, que se llama Partido Popular, y que lleva poniendo en marcha desde hace años políticas discriminatorias, xenófobas incluso, y en general destinadas a frenar la inmigración y expulsar a los inmigrantes, vulnerando en muchos casos la legislación nacional e internacional.

El caso más paradigmático ha sido la supresión del derecho a la asistencia sanitaria a personas en situación irregular, con argumentos espúreos y que está generando terribles efectos en la población inmigrante, además de poner en riesgo la salud pública y suponer incluso un incremento del gasto sanitario. Esta medida ha sido contestada admirablemente por la sociedad civil e incluso algunas administraciones autonómicas la han desobedecido, como recordé en otro artículo, hace unos meses en este mismo blog.

Las devoluciones en caliente que se han venido practicando sistemáticamente y de forma opaca en frontera es otra práctica que vulnera el derecho de asilo y ha sido condenada numerosas veces por organismos internacionales. No obstante, el ejemplo paradigmático de cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos de las personas extranjeras en nuestro país, es la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); lugares de opacidad y auténtico sufrimiento según los mismos jueces que los controlan, en los cuales se vulneran los derechos humanos más fundamentales a diario, y que se reconoce que son peores que los centros penitenciarios. En estos lugares es posible encerrar a cualquier persona sin papeles hasta 60 días. Un asunto que nuestro grupo municipal llevó al pleno municipal, sin demasiado éxito y a iniciativa de asociaciones, sindicatos y movimientos sociales de nuestra ciudad.

Las Comunidades Autónomas también tienen ejemplos flagrantes de políticas claramente discriminatorias y xenófobas. La política de la Junta de Castilla y León de dificultar deliberadamente la regularización de las familias extranjeras, al impedir la inscripción en el registro de parejas de hecho a personas sin permiso de residencia, era una de ellas. Una cuestión que afortunadamente apenas hace unas semanas ha sido resuelta por la acción directa de los movimientos sociales, al acudir al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León quien ha declarado ilegal dicha política anulando la norma que la regulaba, por vulnerar derechos fundamentales de las personas.


II. Políticas por la inmigración

Aunque el Estado y las CCAA son las instituciones responsables fundamentales de las políticas migratorias, son numerosas las políticas activas que los municipios pueden emprender en favor de la inmigración.

Entre las posibles iniciativas se encuentran las destinadas a evitar la irregularidad de las personas extranjeras, evitando las expulsiones y las alarmantes situaciones de extrema vulnerabilidad social que facilitan que dichas personas puedan caer en las mafias de la prostitución, el narcotráfico y otras redes criminales. En algunos casos sólo se trata de cumplir la ley de forma escrupulosa.

El acceso al empadronamiento

La política más activa en este sentido, más sencilla de realizar, y ejemplo más evidente de incumplimiento de la legalidad vigente por parte de numerosos ayuntamientos, es el alta en el padrón municipal. El primer trámite al que se enfrentan cualquier persona que llegue a nuestra ciudad y requisito imprescindible para poder fijar o mantener la residencia de forma legal. Se trata de un derecho, pero también de un deber de todas las personas que se encuentran residiendo de forma efectiva en cualquier municipio, independientemente de su situación administrativa.

Sin embargo, son muy frecuentes los ayuntamientos que dificultan de forma irregular que las personas extranjeras se empadronen, por lo general informando de forma irregular y solicitando documentación extra de forma obligatoria. Algunos alcaldes del PP incluso han llegado a pedir que se presenten contratos de trabajo, impidiendo el empadronamiento de personas en desempleo.

El Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, y como otros muchos en nuestra región, hasta hace unos meses solicitaba a quien no contara con un contrato de arrendamiento, autorización del propietario de la vivienda, traspasando así el derecho a empadronarse de los residentes a los propietarios de las viviendas, como si estuviéramos todavía en el siglo XIX. Tiempo atrás incluso se llegaba a informar en los folletos municipales de la necesidad de presentar permiso de residencia.

Un verdadero dislate que Ganemos Salamanca denunciamos a los pocos meses de llegar al Ayuntamiento, tras revisar cientos de expedientes y entrevistarnos con personas afectadas y responsables de organizaciones sociales. El resto de grupos municipales no se interesaron ni lo más mínimo por el asunto, incluso tachando de falta de realidad y objetividad a nuestra denuncia, hasta que meses después logramos forzar el cambio de la situación al denunciar el problema al Procurador del Común, quien sí que reconoció la existencia de irregularidades en la gestión del padrón.

Las instrucciones dadas a los funcionarios estaban causando auténticos problemas a muchas personas de nuestra ciudad en situación vulnerable y que con frecuencia se encuentran en habitaciones subarrendadas sin conocimiento del propietario de las viviendas; situación muy frecuente entre los estudiantes, pero también entre las personas extranjeras, quienes como primer paso para obtener la residencia legal, requieren acreditar su residencia efectiva, cuyo instrumento idóneo es el certificado de empadronamiento.


Los registros municipales de parejas de hecho

Otra actuación municipal interesante es la creación de registros de uniones de hecho, que dan publicidad registral a las familias y parejas entre personas nacionales y extranjeras, facilitando la adquisición de la residencia legal de las segundas, por razón del vínculo familiar. De este modo, en las CCAA en las que se mantiene el bloqueo en la inscripción a los “sin papeles”, los ayuntamientos pueden evitar esta discriminación creando registros municipales, desbloqueando así la situación en favor de los residentes en su municipio.

Esa fue la razón principal por la cual los tres grupos de la oposición, con mayoría en el Pleno del Ayuntamiento de Salamanca, impulsamos la creación de un nuevo registro de uniones hecho, y a iniciativa de Ganemos Salamanca. En el proceso no está demás recordar como el PP demostró una vez más su perversa consideración hacia la inmigración, al criminalizarla e intentar que se convirtiera en un registro específico de inmigrantes irregulares, con libre acceso al registro por parte de la policía, cosa que impedimos el resto de grupos municipales.


Una verdadera implicación municipal

La iniciativa municipalista más novedosa en favor del asentamiento de población extranjera es la tarjeta de vecindad, un documento que acredita al menos la residencia de los vecinos durante cierto período de tiempo, a la vez que recoge los vínculos familiares, el conocimiento del entorno y la lengua o el estatus jurídico de los migrantes de la ciudad. Este instrumento, que ha generado cierta polémica entre algunas asociaciones y movimientos sociales, puede servir como prueba para que se reconozca la situación de arraigo de los migrantes. Así, en caso de detención de una persona en situación irregular, los ayuntamientos impulsores, como Madrid y Barcelona, esperan evitar que no se decrete el internamiento en los CIE, en virtud del arraigo, y evitar también la expulsión de dichas ciudades.

La tarjeta de vecindad es una iniciativa recientemente presentada por el Ayuntamiento de Barcelona, pero realizada en el marco de las diversas iniciativas desarrolladas como el impulso a las cooperativas de vendedores ambulantes, los planes de empleo para las personas migrantes, y una mayor implicación municipal en las situaciones de irregularidad sobrevenida. No obstante, la problemática de los manteros sigue siendo una asignatura pendiente en dicha ciudad, que ha cosechado notables reprimendas por parte de los movimientos sociales y el propio sindicato de manteros, en los últimos años.

Y es que en general, la realidad es que un gobierno municipal concienciado con la problemática de las personas migrantes en situación irregular puede realizar una gran labor en beneficio de las mismas, simplemente es una cuestión de compromiso e implicación por los derechos humanos, pura voluntad política y que no requiere de grandes recursos públicos.

III. La acogida e integración de las personas migrantes y refugiadas

La mayor parte de las personas inmigrantes tienen interés en volver a sus países de origen, más si cabe si son personas refugiadas que huyen a la fuerza. No obstante, la situación permanente de violencia y caos en los países de origen, sin visos de solución a corto plazo, junto con la obligación del acogimiento de al menos 17.000 personas por parte del estado español, hacen que la acogida de las personas refugiadas sea no sólo un requerimiento de justicia y solidaridad, una necesidad política y una obligación legal, sino incluso una realidad muy deseable para las zonas despobladas.

El supuesto impacto negativo de la inmigración es rotundamente falso y ha sido estudiado y acreditado en numerosas ocasiones. No obstante, si hay una población inmigrante cuyo impacto económico positivo no genera duda alguna es el de las personas refugiadas. El acogimiento de estas familias supone recibir generosas prestaciones económicas europeas y estatales, por lo que representa una de las posibilidades actuales más interesantes para lograr el asentamiento en nuestra región de nuevas poblaciones.

Tanto es así, que en nuestra provincia son varios los municipios que han declarado formalmente su interés en este acogimiento, llegando incluso a ofrecer alojamiento y trabajo a las familias, no sólo por razones de justicia y solidaridad ante quienes sufren los horrores de las guerras y la persecución, sino también por la necesidad de asentar nueva población, aunque sea temporalmente, que evite el cierre de las escuelas y la definitiva la defunción del pueblo, por envejecimiento y progresiva muerte de sus habitantes. Literalmente.

Esta situación requiere, en todo caso, el favorecimiento de la integración de la población refugiada e inmigrante en general, evitando problemas de convivencia ciudadana con la población autóctona. Las dificultades son numerosas y sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades occidentales modernas, en especial en este momento en que la xenofobia y una particular islamofobia han crecido espectacularmente, representando el caldo de cultivo necesario para el auge del neofascismo.


Políticas municipales de integración

En el desarrollo de las políticas de integración, los ayuntamientos son las instituciones más adecuadas por su cercanía a la población, y que tienen el deber de evitar la proliferación del racismo y la xenofobia en los vecinos a la vez que facilitar a las personas extranjeras su desarrollo pleno en el municipio.

La primera de las líneas de trabajo sería evitar los discursos demagógicos contra los extranjeros, que explotan los miedos, la mala información o los prejuicios de la población, rechazando se plantee la inmigración como un problema, sino como una realidad natural que nuestros padres vivieron en sus propias carnes e incluso como una solución al crecimiento económico, la despoblación, el mantenimiento de los servicios públicos y, desde luego, un hecho generador de diversidad cultural y progreso social.

Son necesarias por tanto campañas de información, educación y sensibilización sobre la realidad de las migraciones, recordando cómo nuestros padres y madres tuvieron que huir también de la pobreza y las guerras, apenas hace unas décadas y cómo se sentían en los países de acogida. España siempre fue un país de emigración, y de hecho, esto se traduce en nuestras leyes, que favorecen el mantenimiento de nuestra cultura allende los mares y los tiempos, como bien saben las casas de España, situadas en todas las regiones del mundo.

La segunda y que parecería evidente sería el cumplimiento estricto de la legalidad vigente, cuestión en tela de juicio en la actualidad, incluso en una gran mayoría de municipios. Parece mentira, pero esta es la realidad con la que nos encontramos. Relacionada con la anterior, sería deseable se simplificaran los trámites burocráticos, se suprimieran trabas injustificadas y se unificaran los criterios y requerimientos que se piden a las personas inmigradas en todo lo relacionado con su situación jurídica.

Todas las personas deben tratarse por igual, sin discriminación por razón de su nacionalidad, el color de su piel, la forma de hablar o del vestir. Una formación adecuada a los funcionarios/as municipales sería imprescindible, además de fortalecer su independencia, evitando instrucciones dudosas de los responsables políticos.

La tercera estaría relacionada con los servicios de acogida e integración, siendo necesaria la creación, mantenimiento y fomento de espacios interculturales y centros cívicos, que deben ser responsables de la sensibilización de la población, el fomento de la interculturalidad y de ofrecer servicios de información, asesoramiento y formación a la población extranjera, una de las primeras necesidades para evitar caer en la irregularidad y la marginalidad. Estos centros deberían ser lugares de encuentro, en los que se organizaran actividades interculturales de todo tipo, fomentando el conocimiento mutuo y la tolerancia entre las distintas culturas.


Islamofobia y fomento de la laicidad positiva


En esta línea, parece necesaria una activa política religiosa aconfesional y no discriminatoria, que respete plenamente la libertad religiosa de todos, incluyendo el derecho a manifestar públicamente las propias creencias y ejercer en condiciones dignas las prácticas religiosas, tal como ha solicitado en numerosas ocasiones la Plataforma de entidades cristianas con los inmigrantes.

Para lo que sería necesario que se facilitara a las diferentes comunidades religiosas la creación o acceso a lugares dignos destinados al culto y la oración, además de favorecer los enterramientos conforme a las creencias propias, y en el propio municipio. Una asignatura pendiente en la mayoría de municipios de nuestro país, obligando a las comunidades a grandes desembolsos pecuniarios para repatriar los cuerpos de los difuntos, al carecer de cementerios adaptados a sus necesidades.

Este es un asunto polémico, a izquierdas y derechas, para lo que incluso se vienen utilizando argumentos laicistas, de defensa de los derechos de las mujeres y de respeto a las tradiciones de la mayoría, pero que en numerosas ocasiones suelen esconder una islamofobia evidente, incompatible con nuestros valores y las funciones públicas de las instituciones de velar por el respeto a la libertad religiosa, sin discriminación; la laicidad positiva que reconoce la Constitución, pero que en la práctica no se aplica, más que en beneficio de la Iglesia Católica.

En definitiva, creo que es necesario poner en marcha un abanico de medidas y reforzar las existentes en la actualidad, para lograr una adecuada integración que reduzca los conflictos de convivencia y favorezca el desarrollo pleno de las poblaciones, con respeto a la diversidad cultural que hoy puede encontrarse entre los vecinos y vecinas de nuestros municipios.