PROPOSICIÓN CONJUNTA EN APOYO A CCOO Y UGT EN FAVOR DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

María del Carmen García Romero, Manuel Hernández Pérez y Gabriel de la Mora González, Portavoces de los Grupos PSOE, Ciudadanos y Ganemos Salamanca en la Diputación Provincial de Salamanca, A INICIATIVA DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES CCOO Y UGT y al amparo de lo dispuesto en el art. 97.2 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, someten a la consideración del Pleno de la Corporación Local la presente proposición.

JUSTIFICACIÓN

Ante el incesante cuestionamiento al que se está sometiendo a nuestro sistema de Seguridad Social y por tanto, a la viabilidad de nuestro sistema de pensiones, las organizaciones Sindicales UGT y CCOO, dando continuidad a las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, inician una campaña de apoyo y defensa de un sistema que ha sido y debe seguir siendo, garante de cohesión y de protección social.

De forma sutil pero constante se repiten argumentos que culpabilizan a la propia ciudadanía de la escasez de recursos. La pretensión no es otra que terminemos creyendo que los responsables de una supuestamente inevitable inviabilidad del sistema de pensiones es de las personas, por ser muy mayores o por tener pocos hijos incluso, por tener trabajos escasos y poco remunerados.

Desde el movimiento sindical se denuncia que estas tesis están basadas en la voluntad de mantener las equivocadas políticas de austeridad a ultranza, concurriendo con las que se fundamentan en presentar, desde sectores con claros intereses mercantiles, a las pensiones públicas como inviables, al tiempo que se ofrecen como alternativa sistemas privados de pensiones, obviando que no son, en modo alguno, capaces de proteger mejor a la población pensionista.

Los poderes públicos deben apostar por garantizar desde el sistema público, pensiones suficientes como herramienta fundamental para mantener y reforzar la cohesión social. Las cotizaciones procedentes del empleo, que deben mejorar su disminuida aportación actual y el refuerzo de la financiación pública, como elemento de redistribución de renta, son piezas esenciales.

Las cotizaciones a la Seguridad Social no son, como se repite para intentar denostarlas, un impuesto que pagan los empresarios y en menos medida los trabajadores. La cotización a la seguridad social es salario diferido que se entrega al Estado para que sea el garante de nuestras prestaciones y para tener cubiertas las situaciones de enfermedad, fallecimiento o vejez.

El problema no está en el sistema, cuyas necesidades futuras son conocidas y previsibles, está, entre otras causas, en la voluntad de reducir su nivel de cobertura, el debilitamiento de sus fuentes de financiación procedentes del mercado de trabajo, debilitando los mecanismos de distribución de renta en las empresas y en la sociedad, en el uso que, en ocasiones, se hace de la recaudación destinando el dinero, a otros fines para los que no está previsto.

El incremento de pensionistas y la mayor duración de las prestaciones, procesos conocidos, previsibles y saludables, debe ir acompañada de medidas efectivas, acordadas con los interlocutores sociales y, en mayor medida posible, fuerzas parlamentarias, que permitan mantener el pacto intergeneracional que constituye nuestro sistema de pensiones públicas de reparto.

Por todo lo anterior, el Pleno de de la Diputación de Salamanca asume el siguiente ACUERDO

Primero.- Nos sumamos a las reivindicaciones de las Organizaciones Sindicales CCOO y UGT y apoyamos las marchas promovidas por estas organizaciones, en la defensa de un sistema público de pensiones que garantice el mantenimiento del contrato social inherente a nuestro sistema de pensiones públicas.

Segundo.- A través del mismo se favorece la cohesión social y se respetan los derechos construidos a lo largo de la vida laboral, junto a medidas efectivas de redistribución de la riqueza, que garantizan pensiones suficientes en todos los casos.

Tercero.- Así mismo, trasladamos al Gobierno, grupos parlamentarios e interlocutores sociales, la necesidad de recuperar los mecanismos de gobierno participado del sistema público de pensiones a través del Diálogo Social y en el marco configurado en el Pacto de Toledo.

En Salamanca, a 26 de septiembre de 2017.