PROPOSICIÓN DE GS CONTRA PARAÍSOS FISCALES Y EN FAVOR DE LA TRANSPARENCIA FISCAL INTERNACIONAL.

JUSTIFICACIÓN

En los paraísos fiscales se calcula que se ocultan un total de 7,6 billones de dólares procedente de grandes fortunas y 100.000 millones de dólares la cantidad de dinero que los países en desarrollo dejan de ingresar en sus arcas públicas como consecuencia de la evasión de impuestos de grandes empresas. Lo que se traduce en que todo ese dinero que debería ir destinado a las políticas sociales, para reducir la desigualdad y ofrecer mejores oportunidades para todos/as no llegue jamás a quienes deben recibirlo.

Por ello es necesario adoptar y/o promover medidas legales y administrativas concretas y eficaces para favorecer la transparencia y combatir la evasión, el fraude fiscal y lavado de dinero realizado mediante los paraísos fiscales o centros financieros para no residentes.

Las medidas tributarias para optimizar la lucha contra el fraude fiscal adoptadas hasta ahora por el Gobierno de España han incidido fundamentalmente en los contribuyentes declarantes, ignorando los informes hechos públicos por los Inspectores de Hacienda del Estado, en la medida en que estos señalan a los paraísos fiscales como las plataformas para la gran evasión de impuestos, el fraude fiscal y el lavado de dinero de actividades provenientes del delito y la criminalidad organizada.

Pese a que la OCDE tras modificar los estándares de referencia del año 2000 haya reducido la lista negra de paraísos fiscales, basándose en que estos territorios han firmado un mínimo de 12 acuerdos bilaterales de intercambio de información con otras jurisdicciones a petición de parte y para casos concretos, en realidad, a todos los efectos, siguen existiendo un importante número de jurisdicciones que constituyen de facto centros financieros offshore cumpliendo sus características fundamentales de opacidad asociada a su secreto bancario y nula o baja tributación, siendo por otra parte muy accesibles a no residentes, dada la facilidad que establecen para constituir en ellas sucursales financieras o empresas instrumentales. El problema es que en este momento las instituciones internacionales y gobiernos no las consideran paraísos fiscales, a pesar de seguir actuando como tales.

Teniendo en cuenta que transparencia y regulación financiera habrían de ser considerados bienes públicos universales, consideramos, como lo hacen diferentes plataformas defensoras de la justicia social, que es preciso adoptar una serie de medidas necesarias a contemplar para combatir la evasión, fraude y blanqueo de dinero.

En consecuencia, por este Grupo se propone al Pleno la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero.- Instar al Gobierno de España para que promueva que desde la OCDE y la Comunidad Internacional en su conjunto se vuelva a contemplar como paraísos fiscales efectivos a todos aquellos países y/o territorios que de facto siguen actuando como centros offshore extraterritoriales o para no residentes, discriminando bajo el criterio fundamental de que en su ordenamiento jurídico esté establecido el secreto bancario y castigado el vulnerarlo.

Segundo.- Instar al Gobierno de España a que la propiedad efectiva de todas las sociedades, trust o fideicomisos, fundaciones y asociaciones caritativas sean objeto de registro público, que incluya un desglose de la estructura por países, disponible para el conjunto de las Administraciones Públicas, en beneficio de la transparencia fiscal internacional y la responsabilidad social corporativa.

Tercero.- Solicitar al Gobierno de España que potencie el desarrollo de tareas de investigación sobre los grandes defraudadores físicos y jurídicos y dotando a la Agencia Tributaria de presupuesto y recursos humanos necesarios para ello.

En Salamanca, a 27 de noviembre de 2017.

OBSERVACIONES

La moción fue aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos, tras haber negociado durante  meses con el PP la inclusión de medidas de transparencia en la contratación provincial, con el objetivo de mejorar la responsabilidad fiscal de las empresas contratistas.