MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA EN DEFENSA DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL, DE LA  GESTIÓN PÚBLICA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y EN CONTRA DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL 27 DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2017

MOCIÓN DESESTIMADA CON LOS VOTOS A FAVOR DE LOS GRUPOS GANEMOS SALAMANCA Y PSOE;
Y EN CONTRA DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y POPULAR
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 5/2017 –
9/6/2017

Texto de la moción:

“Con motivo de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo de 2017, y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 6 de abril de 2017, queremos mostrar nuestro rechazo al contenido incorporado en la Disposición Adicional 27 de dicho Proyecto.

Esta disposición limita la incorporación de personal laboral en las administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento acuerde apostar por la gestión directa de los servicios públicos revirtiendo la gestión privada realizada a través de empresas  concesionarias. Esta disposición supone un ataque directo a los procesos de reversión hacia la gestión pública directa por las administraciones públicas, emprendidos en numerosos Ayuntamientos en relación a los procedimientos de subrogación de los  trabajadores.

Hacemos constar que esta nueva medida regresiva:

– Ataca al principio autonomía consagrado en el Artículo 140 de la C.E. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.

– Obstaculiza severamente los procesos de reversión hacia la gestión directa de los servicios de titularidad pública que actualmente están gestionados por empresas y entidades privadas mediante contratos, pues impide la incorporación con garantías de los trabajadores de las contratistas en la plantilla de los entes públicos que se vayan a hacer cargo de la gestión de los servicios recuperados, aunque estos trabajadores estén actualmente prestando sus servicios con probada experiencia y profesionalidad.

– Supone un nuevo obstáculo legal a los ya conocidos, y que contradicen uno de los supuestos pilares de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, concretamente la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, obviando que la gestión indirecta-privada de los servicios públicos locales presenta numerosos inconvenientes: mayores costes de los proyectos frente a las alternativas convencionales (costes financieros superiores, pago sujeto a IVA, y pago de los beneficios de las empresas que gestionan el servicio). La inexistencia de transferencia real del riesgo a las contratistas porque en caso de quiebra/concurso, los costes de rescate recaen en la administración y éstos suelen ser muy altos; la rigidez debida a la larga duración de los contratos y que cualquier modificación implica incremento de coste para la administración; los altos costes para la administración derivados del diseño, planificación y control de la empresa contratista; en fin, la opacidad del sistema dado su carácter comercial y la posible existencia de mercados secundarios.

– La gestión directa de los servicios públicos no es sólo una opción políticamente legítima, jurídicamente viable y económicamente sostenible, sino que también es más eficiente, más garantista de los derechos de los y las trabajadoras y que permite la dirección y control inmediatos de dichos servicios, con participación de los usuarios y de la ciudadanía.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal “Ganemos Salamanca” en aplicación del Artículo 88 del Reglamento Orgánico y de  Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, propone al Pleno, la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO – Instar al Gobierno de la Nación y a los Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados y en el Senado a la retirada y supresión de la Disposición Adicional 27 del proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.

SEGUNDO – Dar traslado de estos acuerdos al Gobierno Central y al Congreso de los Diputados.”