MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL GANEMOS SALAMANCA A FAVOR DE LOS PRINCIPIOS DE MÉRITO Y CAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y EN CONTRA DE LA LIBRE DESIGNACIÓN

MOCIÓN DESESTIMADA CON VOTOS A FAVOR DE GANEMOS SALAMANCA; ABSTENCIÓN DE LOS GRUPOS CIUDADANOS Y PSOE Y EN CONTRA DEL GRUPO POPULAR
VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 13/2016 –
11/11/2016

Texto de la moción:

“El artículo 103 de nuestra Constitución, dispone en su apartado primero:

“La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”.

Añade en su apartado tercero:

“La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”.

La configuración de nuestro país como un estado de derecho, a partir de 1978 con la Constitución Española, exige el cumplimiento de estos principios recogidos en el citado artículo 103 y también en el artículo 9 del texto constitucional, entre los que es necesario destacar dos:

– La tarea de la administración pública es servir los intereses generales.
– Ha de hacerlo con sometimiento pleno a la ley y al derecho: principio de legalidad.

Para llevar a cabo esta tarea, la administración requiere la participación de personas formadas que constituyen el conjunto de sus empleados públicos: la función pública, en nuestro caso, las personas empleadas en el Ayuntamiento.

Como consecuencia de lo anterior, la actuación de estas personas que forman la función pública municipal, está sometida a los principios que la propia Constitución Española eleva al máximo nivel normativa: mérito y capacidad en el acceso e imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Principios que aparecen más desarrolladas en la normativa de función pública: igualdad, mérito y
capacidad; objetividad, profesionalidad e imparcialidad; y, como garantía para poderlos ejercitar, la inamovilidad del puesto de trabajo.

Todos estos principios tienen como objetivo garantizar la independencia del personal público respecto del poder político y su sometimiento exclusivo a la legalidad e interés general, que habrán de cumplir con objetividad, profesionalidad e independencia, y que a la vez son garantía para la ciudadanía y sus derechos frente a la Administración.

Hay dos elementos que han venido a distorsionar este sistema de la función pública municipal:

– La provisión de los puestos de trabajo sin atender al sistema normal de “Concurso de méritos”, sino a través de la generalización de un sistema de movilidad o adscripción “provisional” realizado de forma unilateral por el Concejal Delegado, por el poder político, sin atender a los únicos criterios previstos legalmente: igualdad, mérito y capacidad, lo que a su vez imposibilita el ejercicio de un derecho de los funcionarios locales: derecho a la carrera administrativa.

– La generalización del sistema de libre designación que ha derivado en una discrecionalidad absoluta por parte del poder político municipal. En este caso, puesto que suele estar referido a los puestos de trabajo de más alta responsabilidad y retribución de la organización municipal, lo que supone es la asignación de esos puestos a personas sobre las que se merma su independencia por la posibilidad del cese o remoción de forma discrecional por el poder político.

La libre designación es especialmente criticable en la provisión de los puestos de trabajo de habilitados de carácter nacional, por su importancia en la organización municipal.

Todo esto lleva a una administración pública claramente politizada en su organización administrativa y unos funcionarios en clara dependencia del cargo político de turno.

Es importante señalar que en este Ayuntamiento de Salamanca se ha generalizado ambas situaciones: ausencia de concurso de méritos de forma generalizada para proveer las vacantes y el abuso de la libre designación. Lo que implica una patrimonialización por parte del equipo de gobierno de la propia organización municipal, puesta a su servicio y no al servicio del interés general.

Por todo lo expuesto, en cumplimiento del artículo 88 del Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de Salamanca, proponemos al Pleno la adopción del siguiente acuerdo:

Primero.- Que ninguno de los puestos de trabajo de funcionarios con habilitación de carácter nacional, ni ningún otro puesto de trabajo del Ayuntamiento de Salamanca sea provisto por el sistema de libre designación, sino mediante sistemas de provisión compatibles con los principios de igualdad, mérito, capacidad, objetividad, profesionalidad, independencia e imparcialidad, como es el concurso de méritos.

Segundo.- Que se convoque concurso de méritos para la provisión de todos los puestos de trabajo vacantes en el Ayuntamiento de Salamanca, que no tengan en la actualidad destino definitivo”.