Informes de seguridad, el operativo policial organizado ante las protestas contra la fallida construcción del parking de Comuneros y resultados de las actuaciones, algunas de las informaciones ocultadas por el PP y sus socios de C’s.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de la ciudad ha notificado este martes dos nuevas sentencias que estiman los dos últimos recursos interpuestos por el grupo Ganemos Salamanca, contra el secretismo y la negativa a dar acceso a ciertas informaciones del grupo SIETE por parte del gobierno municipal del PP, consentido por sus socios de C’s.

En concreto, la sentencia n.º 107/208 reconoce “la pretensión del demandante al estimarse vulnerado el derecho fundamental del art. 23 CE, reconociendo el derecho del actor a que le sean entregados los datos solicitados”, en concreto: informe de los procedimientos administrativos y judiciales derivados de actuaciones del grupo SIETE, relativas a los años 2013 a 2015, cuando el grupo operó de manera ilegal, descontrolada y opaca. La información se refería a operativos relacionados con el control de las viviendas municipales, las vigilancias en protestas ciudadanas y plenos municipales, kioskos sin actividad o el supuesto control de ‘pisos patera’, entre otras muchas actuaciones.

Con anterioridad, el grupo municipal había solicitado se le diera conocimiento de los resultados de los operativos ‘manifa’, ‘empadronamientos’, ‘bar en bar’ y ‘grafiteros’, descubriendo que desde el área de policía administrativa y medio ambiente no constaría la existencia de expedientes sancionadores abiertos, salvo en el caso del control de bares y la persecución de grafiteros. Sin embargo, según afirma el concejal responsable de la investigación, Gabriel de la Mora, en el caso de los bares “el 95% de las denuncias del grupo SIETE han sido sido anuladas por los juzgados, acreditando la ilegalidad de sus actuaciones y la vulneración de derechos”. En el caso de los grafiteros, el mayor logro publicitado por el Ayuntamiento fueron las sanciones contra el grafitero conocido como ‘Meas’ y que, sin embargo, fueron absolutamente inútiles.

Por otro lado, la sentencia nº109/2018 también reconoce la obligación de entregar otra nueva documentación mediante una “estimación parcial”, ya que se entregó durante el procedimiento judicial parte de la información solicitada. Sin embargo, el gobierno municipal y/o el jefe de la policía se negaron a entregar operativos tan señalados como los relativos a la seguridad de la corporación o las movilizaciones ciudadanas contra el Parking de Comuneros, entre otras. No obstante, el concejal afirma que “está por ver que nos entreguen documentación de interés, pues cabe pensar que la comprometida pudiera haber desaparecido, al no constar registro de la misma”.

Además, el concejal denunció que en la documentación sí entregada se anonimizaba de forma desproporcionada, ocultando los números de los agentes actuantes, lugares y fechas, evitando que se pudiera investiga de forma adecuada, incluso alertando de que algunos partes aportados no eran de miembros del Grupo SIETE, “intentando dar gato por liebre, como nos tiene acostumbrados el Jefe de la Policía Local”.

En definitiva, queda acreditado nuevamente el secretismo e interés en ocultar la información por parte del gobierno municipal en relación al grupo SIETE, un grupo que ha venido actuando de forma descontrolada, opaca, ineficaz y que ha cometido numerosas ilegalidades y vulneración de derechos humanos.

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