Con el ecuador de la legislatura sobrepasado, afrontamos el Pleno con un grupo de mociones “en la cartera” que consideramos fundamentales para ser fieles a nuestro compromiso político: un plan de transición con el fin de preparar la institución… para hacerla desaparecer.

El espíritu de nuestras mociones viaja paralelo a nuestros objetivos de regeneración real, transparencia o racionalización de la actividad política, entre otros objetivos. Os resumimos los asuntos tratados en el Pleno provincial ordinario de Junio.

Una institución del pasado

Creemos que las Diputaciones Provinciales son estructuras políticas de un pasado histórico, donde no se eligen de forma directa sus representantes y no s rinde cuentas a la opinión pública ni a la vecindad de la provincia. En la práctica han venido funcionando más como un sistema de control de las alcaldías por parte de los partidos políticos, orientado al reparto interesado de los fondos públicos, que a servir objetivamente a las funciones para las que se crearon. La realidad es que existen hasta cinco niveles político-administrativos sin contar con mancomunidades y otros entes que generan duplicidad de funciones y competencias además de un uso ineficaz – y hasta clientelar, en función del partido que gobierne – del dinero público.

Las Diputaciones cuentan con un elevado presupuesto de gastos, aunque no cuentan con responsabilidades de recaudación. Son así “tutores” de los municipios, especialmente de los más pequeños, sin que exista realmente influencia de intereses territoriales o del medio rural. A esta realidad, se le suma el mantenimiento de patrimonio e infraestructuras ligadas a competencias y servicios públicos atribuidos a otras administraciones desde hace décadas

Por eso la supresión de las Diputaciones provinciales se encuentra cada vez más justificada, incluyendo la institución salmantina, que no escapa de este diagnóstico. Por ello, se hace imprescindible promover un plan de transición, para lo que, en primer lugar es necesario poner en marcha un plan estratégico de recursos humanos de carácter integral y desarrollado por fases diferenciadas, con el objetivo de promover los cambios necesarios. Se conseguiría así reducir las distorsiones entre los fines y propósitos encomendados a la Diputación en la actualidad.

Proposición 1. Un Plan de transición

A través de la moción que presentamos pretendemos instar al Congreso, al Senado y las Cortes de Castilla y León, a que promuevan una reforma en profundidad de las Diputaciones Provinciales, configurando una nueva institucionalidad más eficiente, justa y democrática que aumente la capacidad de influencia de los territorios con menor peso demográfico en los órganos de decisión política generales. Y También queremos promover este Plan de Transición para traspasar los servicios e infraestructuras que no son propias de la institución. Además es necesario un plan de recursos humanos realizado con técnicas participativas y que cuente con toda la plantilla, además de con los grupos políticos, las direcciones de área y los sindicatos. También es imprescindible eliminar la asignación “a dedo” de subvenciones, planes y programas d la Diputación que, además, deben ser transparentes y pertinentes según las prioridades de cada momento.

Tanto el Partido Popular como el PSOE nos ha acusado de faltar el respeto a los representantes políticos de la Diputación. No sólo los presentes en el Pleno, sino a todos aquellos que han pasado por la institución. Han llegado a calificar a nuestro diputado, Gabriel de la Mora de “personaje”, en un ejercicio de demagogia y manipulación habituales en los grandes partidos, sin querer entender que es precisamente el respeto por las instituciones y su funcionamiento eficiente el que promueve nuestra propuesta. Aunque C’s comparte el fondo de la propuesta no comparte la forma y se abstuvo y el PSOE y el PP votaron en contra.

Proposición 2. Reorganización de las comisiones

A lo largo de estos dos primeros años de actividad de la presente legislatura, nuestro grupo ha confirmado ciertas disfunciones en la organización y desarrollo de la actividad política ordinaria de la Diputación, en relación a las comisiones informativas.

En la mayoría de las sesiones que se celebran se presentan a tratar puntos irrelevantes o se da cuenta de asuntos de trámite. Por otra parte, en el orden del día de la convocatoria de muchas sesiones, aparte de la aprobación del acta de la anterior, únicamente se incluye un punto o dos a lo sumo. Pero todas las semanas se convocan todas las comisiones haya o no haya asuntos. Sin embargo, carece de sentido convocar comisiones sin un contenido real de estudio o de debate, salvo recibir una retribución que “compense” la actividad política de la semana.

Es evidente que el número, composición y periodicidad de las comisiones, depende más de las necesidades económicas de los diputados de los partidos mayoritarios que de ofrecer un servicio público.

También es esencial la reducción de la periodicidad de las sesiones para que las comisiones puedan cumplir adecuadamente sus funciones, no obligando a desplazamientos continuos a la capital, únicamente para devengar ingresos públicos. Tampoco parece razonable que los plenos extraordinarios supongan un pago extra para los diputados/as. Deberían suprimirse o reducir la cuantía de esas retribuciones. Para evitar prejuicios hacia los diputados/as con dedicación exclusiva, debería aumentarse proporcionalmente las percepciones por participación en órganos colegiados y reducirse las retribuciones por exclusividad.

Proponemos la reorganización de las comisiones informativas y las retribuciones por participación en las mismas. Únicamente se deben convocar cuando haya temas de relevancia intentando acumular en una sola comisión varios puntos a tratar como máximo cada quince días. También solicitamos reducir el número de comisiones informativas en correlación a las áreas de gestión de la Diputación de Salamanca, actualmente establecida en cinco áreas, además de Presidencia.

Pretendemos suspender las retribuciones que se perciben por participación en plenos extraordinarios o, en su caso, reducción de la cuantía hasta la ordinaria establecida para las comisiones informativas y órganos similares y también reducir las cuantías establecidas por dedicación exclusiva hasta un 30%, aumentar las percepciones por asistencia a órganos colegiados y establecer un tope máximo para este sistema de retribución por participación. Como desgraciadamente era de esperar, nuestra propuesta es desestimada.

Proposición 3. Creación de Consejos de Alcaldes y Alcaldesas

La actividad de la Diputación debe estar orientada fundamentalmente a la garantía de la prestación de los servicios a todos los municipios de la provincia. La toma de decisiones sobre el modo más conveniente de afrontar esta tarea debería enriquecerse con la participación de los representantes de los municipios destinatarios, en lugar de imponerse de forma unilateral por la Institución Provincial. Es preciso comenzar a abrir cauces a la participación ciudadana.

Uno de estos cauces de participación puede ser la creación de un consejo provincial de alcaldes y alcaldesas, o varios comarcales, en el que todos los ayuntamientos tengan voz y voto. Están funcionando Consejos de Alcaldías en provincias como la de Zamora, Soria, Córdoba, Granada o Murcia, por ejemplo, con variedad de colores políticos en cada una de ellos. Su función sería consultiva, de información y debate, para abordar el análisis y proponer soluciones a los problemas que se presentan en los municipios de nuestra provincia. Serviría para hacer partícipes a los ayuntamientos en la gestión y toma de decisiones que finalmente les van a afectar.

No sustituiría ningún órgano provincial, sino que enriquecería su funcionamiento.  Posibilitaría la participación más directa de los alcaldes en la planificación estratégica de aquellos programas que afectan al conjunto de la provincia. Por eso, propusimos al Pleno de la Diputación la creación de un Consejo Provincial de Alcaldes y Alcaldesas, descentralizado por comarcas, con una estructura democrática y plural en la que puedan participar todos los representantes de los Ayuntamientos de la provincia, con la finalidad de que pueda debatirse y emitir propuestas y dictámenes sobre los asuntos de mayor relevancia e interés para los municipios y el conjunto de la provincia. Los grandes partidos prefieren mantener el sistema de “control” de las diferentes alcaldías, parece ser, pues también votan en contra nuestra moción.

Proposición 4. Un proyecto piloto de renta básica incondicional

La renta básica incondicional es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía: un ingreso a cada miembro de pleno derecho o residente de una sociedad sin tener en cuenta la situación personal en la que se encuentre, si tiene trabajo o está desempleado, si es rico o pobre. Es una renta que cada ciudadano recibe de manera individual independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quién conviva. La gran diferencia con las prestaciones monetarias públicas habituales de los Estados de Bienestar es la incondicionalidad. Esta diferencia es de capital importancia y donde reside su gran ventaja frente a los subsidios condicionados.

Este tipo de rentas se considera que contribuyen a la reducción drástica de la desigualdad y la pobreza. A diferencia de los subsidios condicionados, la renta básica tiene un carácter preventivo de la exclusión social, evita la estigmatización que actualmente padecen los ciudadanos “subsidiados” o dependientes de las prestaciones sociales.

Entre los colectivos que se verían más beneficiados serían los jóvenes y las mujeres, aunque es verdad que existe una gran polémica al respecto. El inconveniente más señalado, sin embargo, es el de la financiación. Pero los expertos que han estudiado el tema afirman que una reforma ligeramente más redistributiva del IRPF, la imposición de nuevas tasas e impuestos y una mejora razonable y no “de cara a la galería” en la lucha contra el fraude fiscal, además de la racionalización de los subsidios condicionados actuales, liberarían ingresos más que suficientes para su implantación en España de inmediatamente.

Administrativamente aporta simplicidad y supondría un ahorro de gestión y racionalización de las políticas sociales y las prestaciones. Se suprimiría buena parte del coste de la necesaria burocracia actual para gestionar los subsidios condicionados. En realidad, la mayor dificultad es cultural, porque se asocia directamente trabajo con salario. La mayor parte de personas son contrarias a otorgar una prestación económica que no esté asociada a la productividad laboral de una persona.

La realidad urbana es bien distinta de la situación del medio rural y, en especial, de las zonas con gran despoblación, en las cuales también sería muy interesante conocer el efecto que podría tener la implantación de la renta básica, con la sustitución de otras rentas y ayudas, destinadas a mejorar la igualdad de oportunidades. Por eso Ganemos solicitó instar a la Junta de Castilla y León, el Gobierno de España y a las instituciones de la Unión Europea con competencia en la materia, que realicen una experiencia piloto de renta básica incondicional en la provincia de Salamanca, en colaboración con la Diputación, para probar los efectos de dicha política en las zonas del medio rural y con riesgo de despoblación.

Plenos de la Diputación de Salamanca