En España nos encontramos todavía superando la burbuja financiera que ha dejado en la calle a cientos de miles de personas al tiempo que la construcción y el parque de viviendas se ha disparado por encima de las necesidades reales del país, sobrepasando con creces el nivel de los países de nuestro entorno y destruyendo nuestros ecosistemas a través de un urbanismo desaforado; un insulto al derecho al acceso a una vivienda digna por parte de los ciudadanos, y desde luego una situación de desequilibrio y distorsión de los mercados que requiere de una intervención pública que asegure eficacia, eficiencia y justicia social.
Cómo hemos llegado hasta aquí
En 1999 los argumentos para este dislate se pusieron encima de la mesa. Más libertad para urbanizar, más solares y más construcción de viviendas harían aumentar la oferta y por tanto se reducirían los precios de mercado, facilitando el acceso a la población, siempre en propiedad. Así vendió el corrupto PP de Rodrigo Rato y José María Aznar la reforma de la Ley del Suelo, uno de los orígenes de la burbuja inmobiliaria.
Sin embargo, lejos de bajar los precios éstos llegaron a incrementarse hasta en un 15% anual, cierto que gracias a la suma de más factores, como la cesión de la política monetaria al BCE o la inexistencia de política fiscal compensatoria de los bajos intereses hipotecarios. Lo cierto es que de considerar a la vivienda para alojamiento como un derecho humano se pasó a tratarla como un valor de cambio, una mercancía, para finalmente convertirse en un ahorro a largo plazo para las familias y en una inversión a corto plazo, esto es, como un bien especulativo como otro cualquiera, cuyos precios no atendían a otras razones que no fueran el enriquecimiento rápido de promotoras inmobiliarias, entidades financieras e intermediarios.
Las familias creían ver incrementados ilusoriamente sus ahorros, a costa de hipotecarse de por vida; y los Ayuntamientos, como el de Salamanca, se beneficiaban de esta política expansiva y especulativa de favorecimiento de nuevas urbanizaciones y construcciones, a través de mayores ingresos fiscales. De paso, también, sabemos de las enormes corruptelas, las comisiones millonarias y el coste real de muchas licencias. La corrupción ha hecho millonarios a muchos políticos. Hoy el PP en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, es investigado y definido por la Guardia Civil como una organización criminal.
El crack llegó en 2007
Los constructores y promotoras ya no podían vender sus promociones y entraron en quiebra, al retraerse el furor comprador tras cerrarse el grifo del crédito; y, sin pagar un duro por sus tropelías, han traspasado sus promociones y viviendas recién construidas o a medio construir a las entidades financieras y algunas de ellas a la SAREB, los activos más tóxicos, gracias a la intervención del Estado, la UE, el FMI y el Banco Central Europeo, la famosa Troika y el rescate bancario español, con más de 30.000 millones de euros, que supuestamente se devolverán a través de la venta en el mercado de esos activos, que están comprando mayoritariamente fondos de inversión extranjeros, para seguir especulando.
Esa es la dación en pago que el bipartidismo le negó a las familias, pero que se ha venido aplicando masivamente a las sociedades capitalistas, cuyos responsables hoy pueden irse tranquilamente de rositas a comer a casa Paca y acabar en el club Jamaica, sabiéndose sus empresas deudoras de cientos de miles de euros a la Agencia Tributaria.
Y aquí nos encontramos
Esa es la razón de que hoy en la provincia de Salamanca, según TINSA, haya más de 3.000 viviendas vacías recién construidas desocupadas, de las cuales más de 2.700 se encuentran en manos de entidades financieras, empresas cuyo negocio deberían ser los depósitos y los préstamos, no vender ni alquilar pisos. Esa es la razón por la cual los mayores morosos del país son los bancos, que no pagan los servicios, ni las cuotas de las comunidades de vecinos.
Y esta es la situación… miles de viviendas vacías en nuestra ciudad… y miles de personas con dificultades para el acceso a la vivienda, en riesgo de exclusión o directamente viviendo en la indigencia, como bien saben Cáritas o Cruz Roja, fieles ejecutores de la política social de parches que el PP financia con las migajas del presupuesto.
Es por toda esta situación que se hace evidente la necesidad de un replanteamiento general de las políticas de vivienda, acompañado del cambio político que pueda garantizar el acceso a una vivienda digna, en este momento de oportunidad y posibilidad histórica; pues si hay más viviendas que personas en nuestro país, es que entonces sí se puede, sólo se trataría de prioridades y voluntad política puesta al servicio de las personas, no de los intereses creados de la banca o la gran empresa.
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