VÍDEO DEL DEBATE EN EL PLENO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA – SESIÓN ORDINARIA Nº 14/2016 –
1/12/2016

Texto de la moción:

“Las Administraciones Locales han sido una de las grandes perjudicadas por las políticas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años por el Gobierno central del Partido Popular. La modificación del artículo 135 de la Constitución Española en el año 2011 elevó al máximo exponente normativo el concepto de “estabilidad presupuestaria”, que fue posteriormente desarrollado a través de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y cuya puntilla puso la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como “Ley Montoro”.

Desde entonces, las reformas impulsadas desde el Gobierno Central han supuesto un retroceso considerable en la autonomía de los gobiernos locales. Nos encontramos ante una situación de emergencia histórica en el municipalismo, y por ello es urgente e imprescindible acabar con la asfixia competencial y financiera actual que la Ley 27/2013 somete a los municipios. Una Ley que además contó, desde su tramitación, con el absoluto rechazo de casi todas las fuerzas parlamentarias representadas en las Cortes Generales. Muestra de ello es el nulo consenso que se generó durante su elaboración y aprobación, así como el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante el Tribunal Constitucional por parte de casi todo el arco parlamentario, que se unió a los presentados y admitidos por distintos Parlamentos y Gobiernos Autonómicos.

En el caso de los municipios, han sido más de 3.000 ayuntamientos de todo el Estado español, que representan a más de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, los que expresaron su rechazo a esta normativa y salieron en defensa de la autonomía local.

Supuestamente, el objetivo de la Ley 27/2013 era ajustar el funcionamiento de las Administraciones Locales a la coyuntura económica bajo el pretexto del despilfarro, el solapamiento de competencias y el incumplimiento financiero; sin embargo, los efectos que en realidad se ha producido han sido una merma importante en los servicios públicos prestados por los entes locales, un incremento de las privatizaciones con su consecuente aumento de costes para la administración y una reducción en las competencias municipales.

Es importante resaltar que los Gobiernos locales en el conjunto del Estado ofrecen un porcentaje de deuda pública casi insignificante, pues suponen menos del 5 por ciento del total. En lo que se refiere al déficit de las administraciones públicas, las corporaciones locales cerraron 1914 con un superávit en sus cuentas públicas del 0,5% del PlB. Esta situación se repitió en 1915 con un superávit del 0,44%, frente al déficit del 0,66% de las autonomías y del 2,5% de la Administración central. En 2016, según los datos publicados en junio, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, los primeros datos de ejecución presupuestaria de las Corporaciones Locales del año 2016, reflejan un superávit de 662 millones de euros en el primer trimestre del año. Por tanto, esta situación de superávit y de ausencia de pérdidas que es fruto del esfuerzo de Ayuntamientos y ciudadanía tiene que verse reflejada en la nueva legislación que se hace imprescindible.

La ley introdujo cambios sustanciales en el funcionamiento de los Ayuntamientos y Entidades Locales, especialmente todo lo relacionado con la estabilidad financiera y el endeudamiento.

Especial relevancia por su impacto negativo para los Ayuntamientos ha sido la denominada “Regla de Gasto”, que impide incrementar el gasto municipal más allá del objetivo de crecimiento previsto por el Gobierno, con independencia de la situación económica y financiera del Ayuntamiento respectivo.

Por todo lo anterior, nuestro grupo municipal plantea que se debe volver temporalmente al consenso anterior a 2013, e implementar medidas urgentes que permitan a los Ayuntamientos, hasta que haya una nueva Ley de Bases de Régimen Local, prestar los servicios esenciales necesarios para el funcionamiento de nuestras ciudades. El ámbito local constituye un espacio fundamental para la defensa y la lucha de derechos sociales como el derecho a la vivienda y que por tanto es necesario sentar las bases del nuevo municipalismo del Siglo XXI, orientado a la elaboración de una nueva Ley de Bases de Régimen Local, para clarificar y aumentar las competencias de los Entes Locales; garantizar un nuevo sistema de financiación local que asegure derechos y la prestación de servicios esenciales; y garantizar la transparencia y la participación directa y vinculante de la ciudadanía.

En definitiva se trata de construir ciudades con derechos, y recuperar los derechos de las personas que las habitan.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ganemos Salamanca propone a este Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS:

1 Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios la derogación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, así como la modificación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para flexibilizar las condiciones de la misma, especialmente en lo referido a la Regla de Gasto.

2. Instar al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados a que faciliten y apoyen un proceso participativo en el que participen los entes locales, las asociaciones de municipios, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto, donde se elaboren las bases para la construcción del nuevo municipalismo del siglo XXI. Las bases de este nuevo municipalismo deben partir de la asunción de nuevas competencias, de garantizar una financiación adecuada y suficiente para las corporaciones locales y de garantizar la transparencia y la participación vinculante de la ciudadanía.

3. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados”.