Código de ética política

1.1. Defender lo establecido en el programa político de la candidatura y actuar como representantes, obligados a seguir las decisiones tomadas en los mecanismos democráticos y abiertos a toda la población que fije la candidatura, que deberán reflejarse en los correspondientes documentos programáticos y reglamentarios, promoviendo la corresponsabilidad política de todos y todas.

1.2. Hacer públicas sus agendas, para hacer visible con quién se reúnen y los temas que se tratan. Se harán públicos también las órdenes del día y las actas de las reuniones, en la medida de lo posible.

1.3. Facilitar todos sus ingresos, bienes y rendimientos patrimoniales, así como todos aquellos datos necesarios para la detección de posibles conflictos de intereses y la elaboración de auditorías ciudadanas. Este compromiso se extenderá a los 3 años siguientes al fin de su mandato en el caso de haber ostentado responsabilidades de gobierno y de 1 año en el caso de responsabilidades de oposición.

1.4. Hacer públicos los criterios de contratación de asesores y personal de confianza, motivando su designación, seleccionando preferentemente a empleados/as públicos/as mediante convocatoria abierta.

1.5. Rendir cuentas de sus actuaciones ante la ciudadanía, mediante instrumentos presenciales y virtuales, asamblearios, democráticos y abiertos a todos de ámbito sectorial o de zona (ciudad o barrio). La información se presentará siempre en un formato de datos abiertos (open data) que permita acceder a ella con facilidad.

1.6. Aceptar la censura (y revocación, en su caso) de concejales/as y personal de confianza por mala gestión o por incumplimiento flagrante y no justificado del programa. Para que esto sea posible, se establecerán mecanismos de garantía y evaluación de la gestión de las personas con cargos públicos de la candidatura, y la ciudadanía tendrá el derecho de participar activamente en el control y seguimiento de la labor de los cargos públicos para garantizar una correcta y honesta aplicación de este principio. Estos mecanismos se deberán desarrollar en el programa electoral a través de los correspondientes documentos programáticos y reglamentarios.

1.7. No acceder durante un periodo, mínimo de 4 años en el gobierno o 2 años en la oposición, a puestos de alta dirección en empresas creadas, reguladas, supervisadas, ni en aquellas que hayan sido beneficiarias de un contrato municipal, dentro del ámbito y/o sector donde ha desarrollado su función representativa. En ningún caso se ocuparán cargos en los consejos de administración de éstas.

1.8. Mantener un contacto habitual con colectivos en situación de vulnerabilidad, garantizar el espacio necesario en sus agendas para atenderlos y dar respuestas a sus propuestas, y tener presentes a la hora de tomar decisiones los informes de las personas de la administración que trabajan con estos colectivos.

1.9. Promover la participación igualitaria entre mujeres y hombres, aceptando el compromiso de recibir formación específica relativa a la normativa vigente de igualdad y lenguaje no discriminatorio.

1.10. Garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones relevantes y en el posicionamiento político de la candidatura sobre temas estratégicos y proyectos de impacto social, ambiental o urbanístico en la ciudad o barrios, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad y solidaridad. Todas las personas que ocupen cargos electos y de confianza se comprometen a impulsar y apoyar todas las iniciativas ciudadanas propuestas a través del marco legal vigente y en el marco de la candidatura.

1.11.- Emplear mecanismos de selección de candidatos/as radicalmente democráticos, orientados a facilitar la igualdad de oportunidades y la máxima participación e implicación política, como el consenso, las elecciones primarias abiertas, la lista cremallera, el sorteo o la rotación de cargos.

La candidatura se compromete a:

2.1. Ser transparente en su gestión, publicando desagregados todos los datos referentes a los ingresos y gastos, que gestionará a través de entidades de economía social y solidaria.

2.2. Poner un tope máximo a las donaciones privadas.

2.3. Renunciar explícitamente a los créditos bancarios y a las donaciones de particulares que puedan coartar la independencia política de la candidatura. La candidatura tendrá un compromiso explícito de trabajar con las instituciones de la banca ética para garantizar su independencia y la coherencia con su programa.

2.4. Apostar claramente por una limitación drástica del gasto en campaña electoral.

2.5. Fomentar el micromecenazgo finalista, es decir, el pequeño mecenazgo destinado a acciones y necesidades concretas.

2.6. No utilizar para financiarse fundaciones o entidades jurídicas cuyos recursos y mecanismos sean poco transparentes o cuyos objetivos sean diferentes a los de candidatura.

2.7. Introducir sanciones efectivas en caso de financiación irregular.

Las personas con cargos electos y de confianza se comprometen a:

3.1. Renunciar a los regalos y privilegios que se les puedan ofrecer por su condición y que puedan significar un trato de favor.

3.2. No duplicar cargos en las instituciones, salvo aquellos vinculados a su condición de concejal/a.

3.3. No duplicar sueldos ni cobrar remuneraciones adicionales para asistir a reuniones.

3.4. Establecer un sueldo máximo en dedicación exclusiva de cuatro salarios mínimos interprofesionales y cuatro veces y media en caso de tener más de dos cargas familiares, donando en cualquier caso un 10% a Ganemos Salamanca, entendiendo que esta retribución garantiza unas condiciones dignas para ejercer las responsabilidades y funciones que suponen el cargo asumido. El sueldo será variable también en función de las responsabilidades. En caso de que el sueldo estipulado institucionalmente supere este límite, el dinero sobrante revertirá directamente en Ganemos Salamanca. Estas limitaciones no serán de aplicación en el caso de personal de confianza que provenga del sector público y cuyo salario previo fuera superior.

3.5. Limitar su mandato a una legislatura, prorrogable a un mandato más siempre que se dé un proceso de discusión y validación ciudadana.

3.6. Comprometerse a cesar de forma inmediata en todos sus cargos si, tras la correspondiente investigación judicial, finalmente se produce la apertura del juicio oral, por delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, apropiación de fondos públicos, bien sea en interés propio o para favorecer a terceras personas.
El compromiso de cese también será aplicable en casos de delitos contra las mujeres y las personas trabajadoras, así como delitos de xenofobia, homofobia, aporafobia y otros contra personas y colectivos socialmente discriminados.
En todo caso, el cargo político o de confianza investigado deberá rendir cuentas públicas sobre los hechos que se le atribuyen mediante los mecanismos generales establecidos.
Atendiendo a caso concreto y cuando las funciones púbicas desarrolladas pudieran verse afectadas por la investigación judicial, deberá apartarse temporalmente del cargo hasta que se produzca la apertura del juicio oral o el sobreseimiento.

3.7. Hacer un buen traspaso de información y de conocimiento (sin remuneración), siguiendo un protocolo acordado en el marco de la candidatura.

Finalmente, la candidatura se compromete a:

3.8. Facilitar la conciliación entre la vida familiar, los cuidados, la vida laboral y la dedicación a la política, estableciendo mecanismos de apoyo a los cargos públicos que puedan hacer compatibles estos ámbitos de la vida de toda persona, apoyando también la reincorporación al mundo laboral en caso de dificultades de acceso al empleo.